El confinamiento social ha impactado profundamente, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Potencias económicas como China, donde tuvo su origen el virus del covid-19, así como Estados Unidos y países de Europa fueron los primeros en experimentar los efectos de la inactividad económica, con sus consecuentes números negativos en el funcionamiento de empresas e indicadores de empleo.
En América Latina y el Caribe (ALC), el virus se hizo presente solo un par de meses después de conocerse el primer caso oficial en el mundo. El shock pandémico generó una alta incertidumbre, desencadenando otras condiciones externas como la caída en los precios de los productos primarios y de los términos de intercambio. Además, afectó el comercio de bienes y las remesas familiares, así como la demanda de servicios turísticos y endureció las condiciones financieras, dada la mayor percepción al riesgo de las empresas y las personas. Estos y otros factores han llevado a estimaciones económicas poco alentadoras para la región.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta que América Latina y el Caribe (ALC) podría sufrir este año una recesión de entre 8% y 10%, con una recuperación que se daría en un plazo de 3 a 4 años. Otros organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estiman una contracción de 9,4% y 9,1%, respectivamente.
Los escenarios de crecimiento económico se han complejizado para ALC. Una región caracterizada por sus altos niveles de pobreza, desempleo, informalidad y escaso espacio fiscal.
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A diferencia de las economías desarrolladas que han podido recurrir a fondos de contingencia para satisfacer las nuevas necesidades creadas por la pandemia, las economías en desarrollo se han visto con serias dificultades para hacer frente a la nueva demanda social y económica. De hecho, han recurrido a nuevas deudas para atender la emergencia sanitaria. Como resultado de las respuestas fiscales, el pasivo público en ALC al cierre de 2020 podría llegar a más del 70% del PIB, conforme con estimaciones del BID.
Particularmente en Paraguay, las finanzas públicas han estado comprometidas desde hace casi ocho años, como consecuencia de un importante ajuste salarial concedido a empleados públicos. Desde 2012, el déficit causado por la mencionada decisión adoptada en el Congreso Nacional no ha podido ser revertido.
Así, la pandemia y sus innumerables requerimientos solo ha sobreevidenciado la agotada capacidad fiscal del país. El shock pandémico afectó significativamente a la economía local por el lado de la oferta y la demanda. El cierre definitivo y la suspensión de empresas debido al confinamiento social se tradujeron en menor actividad económica, con un fuerte impacto en los indicadores de empleo.
Datos oficiales dan cuenta de que alrededor de 180.000 personas quedaron fuera del mercado laboral de manera provisoria y otras, definitivamente. Esta situación redujo los ingresos de las familias, que cargadas de incertidumbre y fobia social por el temor al contagio redujeron su consumo, lo que terminó agravando la operatividad de las empresas. Miles de ellas no pudieron sostener sus costos operativos y tuvieron que cerrar sus puertas. Los informes del Indicador Mensual de la Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) y el Estimador Cifras de Negocios (ECN) reflejaron las consecuencias económicas de la pandemia. En marzo se observó la mayor caída económica (13,9%) y una contracción del 20,2% en las ventas principalmente, de bienes durables y combustibles. Los datos de mayo del Banco Central del Paraguay (BCP) muestran una leve recuperación económica de -7,3% (IMAEP) y -7,4% (ECN).
Como es de esperar, el nivel de endeudamiento registró un salto importante. Antes de la pandemia, la deuda pública se encontraba en el orden de los US$ 9.498,7 millones (26,8% del PIB estimado) y al cierre del semestre ascendió a unos US$ 10.871,4 millones (30,7% del PIB proyectado). Con este porcentaje, el nivel de endeudamiento ya se encuentra en el umbral de lo considerado prudente y sostenible, como lo afirmara en algún momento el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como se evidencia, la crisis sanitaria aceleró el ritmo de endeudamiento del país. Dado que Paraguay venía contrayendo deudas a través de la emisión de bonos soberanos en promedio por US$ 500 millones al año. Con las últimas operaciones crediticias, el país alcanzó su potencial de endeudamiento en tan solo 4 meses, en lugar de 3 años.
En la presente edición, la consultora MF Economía presenta, describe y analiza el componente fiscal y las alternativas para reformar el funcionamiento del Estado en nuestro país.
