Apenas un 27% de las fincas rurales se encuentra en manos de mujeres

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Apenas un 27% de las fincas rurales se encuentra  en manos de mujeres
Apenas un 27% de las fincas rurales se encuentra en manos de mujeresArchivo, ABC Color

Las mujeres rurales enfrentan múltiples dificultades estructurales que las ubican en posiciones de desventaja y vulnerabilidad, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus derechos y limitando su poder transformador para el desarrollo del campo. En cuanto a la tenencia de la tierra y a pesar de que hubo avances a partir de la vigencia del Estatuto Agrario en 2002, las mujeres siguen teniendo áreas menores, reciben inferior asistencia técnica y un escaso acceso a los servicios financieros. La distribución de la propiedad refleja que el 73% de las fincas están en manos de hombres, mientras el 27% pertenecen a mujeres en calidad de titulares, ocupantes o solicitantes, según datos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

En el marco de las celebraciones por el Día de la Mujer Paraguaya que se recordó esta semana, se inició un plan de capacitación de género del proyecto PROEZA (Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático), a cargo de la especialista Gabriela Schvartzman. Este proyecto es coordinado por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y es ejecutado a través de una gobernanza integrada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), e INDERT, entre otros, con el soporte técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el apoyo financiero del Fondo Verde del Clima (FVC).

Con el objetivo de aportar al proceso de visibilización de la mujer rural y dar a conocer las iniciativas que buscan impactar positivamente en sus vidas y en sus comunidades, se realizó el referido taller a través del proyecto PROEZA y se enfatizó en las mujeres de las áreas rurales, donde la brecha de género está más acentuada.

El aporte de las mujeres rurales en la producción de alimentos es fundamental para mantener la seguridad alimentaria de las familias y las comunidades, la organización comunitaria y la reproducción de la cultura campesina. Además del trabajo en el campo, las actividades domésticas no remuneradas que realizan (cuidados, crianza, organización del hogar, alimentación) significan un aporte a las economías familiares y locales que debe ser medido y cuantificado de tal manera a que se logre su reconocimiento en el producto interno bruto (PIB), según recomienda la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

El rol de las mujeres rurales, vinculado a la seguridad alimentaria, las convierte en agentes fundamentales del cuidado de los recursos naturales y de la conservación de la biodiversidad a través de la producción y conservación de semillas, la transmisión de sus conocimientos sobre plantas medicinales y prácticas agroecológicas.

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A pesar de tener participación activa en la producción, sus trabajos siguen invisibilizados. Una manera de observar esto es con los datos acerca de los ingresos. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2018), el promedio de ingresos de los hombres en el área rural es de G. 2.293.000, mientras que el de las mujeres rurales, G. 1.301.000. En cuanto al acceso a educación, en las escuelas agrícolas subvencionadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en total se registran 1.311 matriculados, de los cuales 1.089 (83%) son hombres y 222 (17%) mujeres, de acuerdo a la Dirección de Género y Juventud (2017). La educación es un factor preponderante del empoderamiento social y político de las mujeres, por lo tanto las brechas de acceso a una formación técnica agrícola repercuten luego en la participación de las féminas en otros ámbitos tales como el organizativo, el laboral, el académico y el de la investigación científica agropecuaria.

La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son indicadores que aseguran el cumplimiento de los objetivos de manera sostenible y equitativa. Para el efecto se tiene previsto beneficiar con la implementación de sistemas de producción agroforestal climáticamente inteligentes y bosques plantados multifuncionales a 17.100 familias que viven en la pobreza y la pobreza extrema en la zona del proyecto afectada por el cambio climático. Un criterio del proyecto es que el 50% de estos hogares tengan a mujeres campesinas e indígenas como jefas de hogar, destaca el informe del proyecto PROEZA.

Además, en 7.500 hogares se introducirán cocinas mejoradas que beneficiarán a la familia y principalmente a las mujeres, reduciendo su exposición a un alto nivel de emisiones y reduciendo la carga de tareas domésticas vinculadas con la elaboración de alimentos.