Para volver más complejo el panorama, abundan las noticias de productos que faltan por demoras en los procesos de compras y, para colmo de males, con frecuencia nos enteramos de denuncias de procesos direccionados, influencias indebidas, todo finalmente asociado a la idea de que cuando se negocia con el Estado, se entra en el terreno de la corrupción y se opera con impunidad. Estos son ejemplos de algunas de las debilidades de nuestras instituciones y la pandemia del covid-19 evidenció significativamente nuestras limitaciones para hacer frente a estas situaciones complejas.
Estudios de organismos internacionales afirman que hay un margen importante de mejora en la eficiencia del gasto público, en este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluye que Paraguay pierde un monto equivalente al 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en la ineficiencia en transferencias, compras públicas y remuneración a empleados. Entonces, es evidente que existe un margen importante de mejora generando fuertes ahorros para el Estado. Más que nunca, se impone la necesidad de encarar cambios de fondo para llegar al desarrollo sostenible y resiliente, que resulte en una mejora efectiva de la calidad de vida de la población.
Ante este escenario, en el 2018 iniciamos el proceso de transformación del Estado, para lo que se conformó una Comisión de Revisión del Gasto Público, integrada por representantes del sector público, exministros de Hacienda, representantes del sector empresarial y la sociedad civil a fin de analizar diferentes propuestas de mejora del gasto público.
En este sentido, considerando diferentes análisis se decidió avanzar en cambios normativos que permitan tener una burocracia más eficiente, a través de procesos transparentes que mejoren la estructura del Estado, haciendo que las instituciones ejerzan sus funciones a favor del ciudadano.
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Al respecto, el Poder Ejecutivo ha trabajado en tres proyectos de ley: el primero, Fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, para el retorno gradual y ordenado a la “regla fiscal”, con un máximo permitido de déficit fiscal y límite al endeudamiento público.
El segundo, de la Función pública y la carrera del servicio civil, tiene por objeto unificar el marco jurídico administrativo de todo el sistema de la función pública poniendo fin a la multiplicidad de normativas que la rigen, e instituyendo la tan anhelada carrera del servicio civil en el sector público. Además, se establecen reglas claras para el ingreso y permanencia en la función pública, basándose en principios de transparencia, integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, eficiencia y eficacia, y pretenden garantizar el derecho de toda persona a recibir atención y servicios públicos oportunos y de calidad. Y el tercero es este proyecto de ley de suministro y contrataciones públicas, que ahora está a consideración del Congreso y la ciudadanía, que tiene como principal objetivo crear y establecer las bases fundamentales del sistema nacional de suministro público, introduciendo el enfoque de cadena integrada de provisión pública con la finalidad de asegurar el aprovisionamiento, la trazabilidad y la gestión eficiente de los bienes, servicios, consultorías y obras públicas que requieran las instituciones del Estado para el cumplimiento de sus metas y objetivos, tanto estratégicos como operativos.
Por tanto, se abandona la concepción de las compras públicas bajo modalidades rígidas de selección que incrementan los costos de transacción y resultan en las deficiencias que se presentan casi diariamente en las quejas y publicaciones diversas.
El nuevo concepto y sistema que presenta el proyecto de ley desarrolla el sistema de suministro en conexión con la institucionalidad fiscal para asegurar la correcta inversión de los fondos públicos. Así, las compras del Estado evolucionan hacia el enfoque de valor por dinero, lo cual implica “conseguir más y mejor, pagando lo mismo”, en donde además de adquirir los bienes o servicios que necesitan, las compras públicas aportan a cumplir con objetivos estratégicos como la inclusión de género, el apoyo a las micro y pequeñas empresas, la protección al medio ambiente, entre otros.
A su vez, a través de la estandarización de los bienes y servicios adquiridos de manera frecuente por las instituciones, se definirán compras conjuntas obligatorias, las cuales serán realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), aprovechando la economía de escala.
Estas propuestas legislativas se enmarcan dentro del Plan Ñapu’ã Paraguay, actualmente en ejecución, que incluye dos ejes centrales: la recuperación económica pospandemia y la agenda de transformación del Estado, en que se incluyen estas iniciativas.
Cambios significativos
Llegó el momento de hacer estos cambios significativos para que en el futuro podamos recibir mejores bienes y servicios. Dado el elevado interés ciudadano en el buen uso de los recursos públicos, contamos con la activa participación ciudadana en el debate y en el impulso al proceso legislativo.
Como servidores públicos, consideramos que con esta nueva ley será efectivo el cumplimiento de los principios de responsabilidad y uso eficiente de los recursos que la ciudadanía aporta y nos entrega en custodia, esperando recibir en retorno bienes y servicios de calidad adquiridos a precio justo.
Costo
Se abandona concepto de las compras públicas bajo modalidades rígidas de selección que incrementan costos de transacción y generan también deficiencias.
3,9%
BID dice que Paraguay pierde un monto equivalente al 3,9% del PIB en la ineficiencia en transferencias, compras públicas y remuneración a empleados.
(*) Ministra de la Secretaría Técnica de Planificación.