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Sin embargo, en el 2011 la imprudencia legislativa creó un nuevo escenario en las finanzas, tras la aprobación de un aumento salarial del 10% para todos los funcionarios públicos con vigencia e impacto a partir del 2012.
Esta decisión, tal como las autoridades del ejecutivo de turno habían vaticinado, marcó el inicio de un desequilibrio en las cuentas fiscales que hasta la fecha se sigue arrastrando y que es enfrentado con endeudamiento (préstamos internos y externos para financiar obras públicas) y algunos ajustes impositivos realizados en los últimos años (que sí se destinan a salarios).
Los datos oficiales dan cuenta de que tras casi una década de resultados positivos, en el 2012 y al cierre del 2016, con perspectiva similar en el presente año, el fisco deberá seguir sorteando el descalabro generado por los mayores gastos frente a su propia capacidad de financiamiento.
Pero la cartera económica tiene otro factor que sobrellevar como el respeto a la Ley 5098/13 de Responsabilidad Fiscal (LRF), mediante la cual se establece un tope en el déficit del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). El límite fue incumplido durante los dos ejercicios posteriores, salvo en el 2015 cuando se logró que los bonos de US$ 617 millones se exceptuarán del cálculo y solo el año pasado, es decir, en el 2016, la ley fue enteramente respetada.
En este 2017 el Presupuesto General de la Nación es el mismo del año pasado, luego de que el Poder Ejecutivo haya vetado el proyecto aprobado por el Congreso y que contemplaba excesivos aumentos, principalmente en gastos rígidos que se mantienen en el tiempo, es decir, en salarios y sus respectivas vinculaciones presupuestarias.
No obstante, el Ministerio de Hacienda no ha podido desligarse de compromisos amparados por la misma ley como por ejemplo el reajuste salarial a los funcionarios públicos que perciben el mínimo y que por la LRF debe sufrir un incremento en proporción al registrado en el sector privado, que justamente se dio el año pasado.
De acuerdo con estimaciones del fisco, el costo del aumento del 7,7% representará para el Estado unos G. 400.000 millones, alrededor de US$ 70 millones, monto permanente que debe tener su contrapartida y es ahí donde las nuevas disposiciones al impuesto a la renta personal (IRP) aparecen como uno de los mecanismos para obtener recursos adicionales que permitirán al Ministerio de Hacienda contar con nuevos recursos y responder de esa manera a un gasto que no puede ser eludido ni recortado.
Aunque desde la Subsecretaría de Estado de Tributación no dieron a conocer estimaciones de cuánto más podrían recaudar con la nueva regla de juego, ya adelantaron que sí esperan ingresos adicionales, mientras se crean varios frentes desde el sector privado que rechazan en su totalidad la reciente determinación.