Cambios en planilla salarial: nueva acción que pondría aún más en riesgo sostenibilidad del gasto público

Los salarios públicos históricamente han sido los de mayor peso dentro del PGN, más aún si el análisis se centra en lo que vienen absorbiendo desde hace años de los ingresos tributarios: entre 70% y más del 80%. El reciente pedido de ajuste salarial y reposición de otros beneficios por parte de distintos gremios que aglutinan a funcionarios de la administración central y descentralizada pone de nuevo en el centro del debate interrogantes como: ¿Es justo? ¿Factible? ¿El Estado aguantaría otro aumento salarial? ¿Qué impacto tendría en las finanzas públicas? ¿Y el respeto a las normas vigentes que buscan la contención?

El Estado cuenta con tres fuentes de financiamientos: Fuente 10 o Recursos del Tesoro, Fuente 20 o Crédito y Fuente 30 o Recursos Institucionales. Los conocidos como gastos rígidos (deben honrarse indefectiblemente como las remuneraciones al personal, el pago de la deuda y las jubilaciones) son abonados con ingresos genuinos del Estado. Y en este sentido, solo la relación salarios e ingresos tributarios revela que de cada 100 guaraníes que ingresaron a las arcas del Estado durante el año pasado, 69 guaraníes fueron destinados al pago de salarios de los funcionarios públicos. 

De acuerdo a datos oficiales, los ingresos provenientes de impuestos representaron aproximadamente 13% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a 8,4% de lo demandado en concepto de salarios. Con estos niveles de gastos rígidos, es decir, en materia de salarios, se comprende la muy escasa capacidad que tiene el Gobierno para poder encarar las obras públicas así como otro tipo de inversiones sociales que son tan necesarias para nuestro país. 

La situación llegó incluso a 82 y 85 guaraníes en los años 2012 y 2013, respectivamente, cuando en el Congreso Nacional se aprobó un importante aumento salarial del 30% y que hasta ahora le sigue costando a las finanzas públicas, un desequilibrio fiscal del 1,5% del PIB, es decir, los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos.

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También no se puede obviar aquí de que existen otros factores que igualmente inciden en el déficit fiscal como ser la mala calidad del gasto, ya analizada en ediciones anteriores. 

Herramienta de contención 

Con el objetivo de que los gastos, principalmente en remuneraciones al personal, no vuelvan a experimentar incrementos importantes, surge en el año 2013 la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en la cual se establecen tres importantes puntos: 1) El déficit anual de la Administración Central, incluidas las transferencias, no será mayor que el 1,5% del PIB estimado; 2) El incremento anual del gasto corriente primario del sector público no podrá exceder a la tasa de inflación interanual más el 4% y, 3) No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario mínimo. La suba será como máximo en la misma proporción.

Pese a estas claras disposiciones, desde su entrada en vigencia y hasta el último Presupuesto General de la Nación 2018, tanto desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, solo han cumplido parcialmente con lo dispuesto en dicha normativa, mediante la incorporación de artículos que excluyen determinados gastos que no aumentan el techo del déficit, así como nuevos apartados que avalan aumentos salariales, saliendo fuera del porcentaje del reajuste del salario mínimo. 

Aparato estatal 

La alta demanda de recursos para responder a las remuneraciones salariales se traduce a una igual importante cantidad de funcionarios, alrededor de 300.000, que se encuentran distribuidos en las distintas dependencias del Estado. Esto, teniendo en cuenta que, de las más de 3.285.000 personas dentro de la población ocupada en Paraguay, el 9% son empleados públicos, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) - 2017. 

Otros datos oficiales igualmente dados a conocer por el último gobierno revelaron que desde el 2003 al 2013, fueron contratadas unas 80.000 personas, a las que se deben sumar aproximadamente 1.200 de la administración de Horacio Cartes y 1.500 funcionarios nombrados en el Ministerio de Salud y Bienestar Social, días antes de que asumiera el actual gobierno. 

Al comparar los salarios que perciben los empleados públicos y los trabajadores privados, la diferencia es más que importante.

El nivel de remuneraciones de los funcionarios, sin entrar a analizar su productividad, ronda los G. 4.500.000 frente a los G. 2.500.000 que percibe un empleado que presta sus servicios en el sector privado. 

La EPH muestra que, de la población ocupada asalariada, según su ingreso en la ocupación principal con relación al salario mínimo vigente, el 46% de los empleados privados gana por debajo y el 54% igual o más. Mientras que el 9% de los funcionarios percibe por debajo del salario mínimo y el restante, 91%, se encuentra con ingresos que son iguales o superiores al básico. 

Mas allá de estas cifras de ingresos del sector público y de la cantidad de funcionarios, uno de los aspectos más preocupantes es la baja productividad de la mano de obra y el escaso mejoramiento de los servicios públicos, observables fácilmente en aquellas instituciones más sensibles como hospitales y escuelas. Se genera entonces una sensación de gasto sin control, de incrementos salariales que no representan necesariamente unas mejores prestaciones. 

Impacto en las finanzas públicas y en toda la población 

Con estos datos, si se aplicaran los tres puntos solicitados por los funcionarios, la brecha salarial sería aún mayor, considerando el 20% de incremento, retorno de beneficios que duplican y hasta triplican sus salarios, así como la reducción de horas trabajadas, que redundaría en beneficios solo para el sector público. 

Además, de un incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal que busca salvaguardar las finanzas públicas, actualmente ya comprometidas y que de no implementarse políticas de saneamiento que permitan volver al equilibrio fiscal, el descalce estructural sería aún mayor. 

Si en los últimos años, el Estado ha podido ampliar sus programas y planes sociales, fue porque ha tenido ingresos adicionales provenientes, principalmente, de la emisión de bonos soberanos. Estos recursos permitieron y permiten el financiamiento de proyectos de infraestructura y hasta la amortización de deudas, lo que ha dejado un margen de fondos genuinos al Ministerio de Hacienda para redestinarlos a otros componentes del gasto, aunque el de mayor carga siga siendo el componente salarial. 

Finalmente, la concesión de un incremento salarial en estas condiciones fiscales sólo pondría en riesgo la sostenibilidad del gasto público, considerando además, la baja eficiencia y productividad del sector público.

Premiando a algunos en detrimento de todos

Un aumento de los beneficios terminaría solo premiando los aspectos mencionados en detrimento de las aproximadamente 1.200.000 personas que contribuyen con sus impuestos al funcionamiento del Estado, funcionamiento en el estricto sentido de prestar bienes y servicios de calidad para una población de casi 7.000.000, es decir, primando el bienestar colectivo sobre el de un grupo de personas. 

Otra fuente de optimización de los recursos públicos se podría generar mediante la supresión de claros privilegios a los funcionarios de las empresas públicas, donde se pagan privilegios como presentismo, ayuda vacacional, subsidio por matrimonios y hasta pago de servicios funerarios a los funcionarios y sus familiares.

Contratos colectivos legalizaron privilegios

Los contratos colectivos han logrado legalizar el establecimiento de estos privilegios, que además de injustos, no agregan ni aseguran una mayor eficiencia ni mejores resultados en las empresas. En algunos casos, los funcionarios exigen incluso la participación de las utilidades de las empresas públicas, limitando seriamente las necesidades de inversión de estas. 

El nuevo tiempo de la economía paraguaya, que ha crecido bastante en la última década, donde el presupuesto ha sido relativamente controlado, exige nuevas mediaciones sobre la administración y gestión del Estado, de forma a asegurar que los recursos escasos sean utilizados de manera correcta, coherente, oportuna e inteligente.

Peticiones de aumentos no cuentan con fuente de financiamiento y al ser gastos rígidos se mantendrán en el tiempo, presionando aún más el descalce fiscal. Todo esto sin considerar las normativas vigentes que establecen condiciones concretas para la concesión de las modificaciones en los salarios.

El comportamiento de los funcionarios tomó un nuevo giro para el proyecto de PGN 2019, en etapa de estudio. La Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y a la que se sumaron los entes descentralizados solicitaron la “necesidad urgente” de un reajuste del 20%.

Los ingresos provenientes de impuestos representaron aproximadamente 13% del PIB, frente al 8,4% de lo demandado en concepto de salarios. Con estos niveles de gastos rígidos se comprende la escasa capacidad del Gobierno para encarar obras públicas así como otro tipo de inversiones sociales necesarias.

Ajuste

Concesión de ajuste de sueldos en la condición fiscal actual solo arriesgaría la sostenibilidad del gasto público, baja eficiencia y productividad.

Rédito

Más allá de sueldos del sector público y de la cantidad de gente, lo que preocupa son la baja productividad y el escaso mejoramiento de los servicios públicos.

Optimizar

La optimización de los recursos públicos se podría generar mediante supresión de privilegios a funcionarios de las empresas públicas, como presentismo, etc.

Gestión

Los nuevos tiempos de la economía local, que ha crecido mucho en la última década, exige nuevas mediaciones sobre la administración y gestión del Estado.

Premios

Funcionarios piden derogar decreto y toda disposición que impide que todos los empleados públicos perciban premios y gratificaciones.

Utilidad

En ciertos casos los funcionarios exigen incluso la participación de las utilidades de las empresas públicas, limitando la necesidad de inversión de estas.

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