La reforma agraria en el país tiene más de cien años. Con leyes como el Estatuto Agrario de 1963 se distribuyeron a la fecha más de siete millones de hectáreas. Los resultados de esta supuesta reforma hicieron ricos a unos cuantos funcionarios “agraristas” y empobreció a los mismos campesinos, dando lugar a un mito que persiste pese a las evidencias al contrario: los campesinos pobres sin tierra.
Investigando en la Encuesta Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2002), la Encuesta de Hogares del mismo año y el Informe 2004/08 del Banco Interamericano de Desarrollo dan cuenta que el problema en el país no está en la falta de tierras, sino en la escasa rentabilidad de las fincas de las familias campesinas. Más del 75% de las familias rurales pobres cuentan con parcelas de entre 2 y 20 hectáreas.
La tenencia de la tierra no es el problema, sino que la propiedad otorgada a los campesinos por las autoridades es precaria, desincentivando el ánimo y el cálculo económico de los campesinos. Pronto, se vende las “derecheras”, pues el beneficiario de la reforma agraria debe esperar cinco años para adquirir el dominio legal sobre la propiedad que significa la perpetuación de un sistema de producción tradicional de escasa rentabilidad del factor producción tierra.
Por fortuna existe una solución a este drama campesino: la libertad económica sinónimo de propiedad privada. Para lograrlo hay que hacer lo contrario de lo que hoy se hace. No debemos caer en el error perjudicial de la “redistribución de la riqueza” sobre la que se fundamenta la actual reforma agraria, sino que debemos crear las condiciones para la riqueza y la productividad. Y para ello se debe garantizar la propiedad privada para reducir la pobreza, como muestra el gráfico de Gwarney & Lawson, adjunto a este comentario.
Para que la libertad económica pueda darse, el Gobierno debe abstenerse de intervenir la economía ya sea manteniendo monopolios o poniendo trabas al comercio. Cuando los gobernantes se deciden a marcar rumbos a la producción y al comercio, los resultados, pese a la buena voluntad, terminan por arruinar todavía más al país.
Esto es lo que está ocurriendo en el Paraguay y tenemos que hacer lo contrario.
Necesitamos remover las barreras impuestas por el estatismo de décadas para que sean los individuos y las empresas los que por medio de su creatividad, talento y riesgo propio radiquen inversiones y empleos.
Esta defensa de la propiedad privada no significa una defensa de los más pudientes. La experiencia demuestra que los ricos no son los principales beneficiados con las garantías a la propiedad privada. Son los más pobres los favorecidos porque la propiedad privada limita el área de acción del poder político cuando se apropian de los recursos, impidiendo que el capital se canalice hacia los más productivos y eficientes, es decir, hacia aquella gente que puede ofrecer mejores bienes y servicios mediante el abaratamiento de los precios e incremento de la calidad.
La competencia debilita a tal grado la corrupción que los políticos y burócratas pierden sus privilegios por el inmenso poder que tienen a la hora de conceder o denegar permisos o concesiones. Pero para que exista competencia es necesario garantizar los derechos de propiedad de la gente. De esta manera, las personas en el ámbito privado son las que emprenden sus negocios a su propio costo, y no los funcionarios estatales que cuando cometen errores –con sobreprecios, malos servicios, sobrefacturaciones y arbitrariedad– terminan por hacer pagar sus incapacidades y delitos a los contribuyentes, como sucede con el desabastecimiento de energía eléctrica por la ANDE.
El problema de nuestros campesinos pobres no es la falta de tierra y que se encuentren desamparados o en situación de indigencia, sino que carecen del derecho de propiedad. Estas personas tienen gran deseo de mejorar su condición de vida. No obstante, como son pobres y no tienen garantizados sus propiedades son víctimas de obstáculos burocráticos insalvables que los vuelven dependientes del gobierno de turno.
Sin derechos de propiedad se carece de protección jurídica, no se pueden obtener créditos; por tanto, no se pueden realizar inversiones a largo plazo aunque se tenga capacidad para ello. El país tiene un largo camino por recorrer. Y la libertad económica con derechos de propiedad privada garantizados es el más eficiente y el que mejor beneficia a la gente.
(*) Decano de la Facultad de Derecho UTIC. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.