“Esta ley tiene por objeto establecer las acciones correspondientes para la creación de un modelo inclusivo dentro del sistema regular, que remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medios de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal”, dice textualmente el artículo primero de la legislación.
La normativa es de cumplimiento obligatorio para las instituciones educativas particulares, públicas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles y modalidades. El texto legal, promulgado en diciembre del 2013, otorgaba un plazo no mayor de seis meses para que las instituciones pudieran adaptar sus reglamentos internos a las disposiciones de esta nueva ley. En su parte final establece que la implementación debe darse al año siguiente de su promulgación.
El proyecto de Ley de Educación Inclusiva fue presentado en diciembre del 2012 por la senadora Iris González, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Culto y Deportes de la Cámara de Senadores.
En un principio, el Senado excluyó a las instituciones privadas del alcance de dicha obligación. Posteriormente, Diputados aprobó con modificaciones el proyecto, con lo cual se incluyeron las instituciones privadas.
En octubre pasado, representantes de la Fundación Saraki y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigen al Ministerio de Educación que figuren en el decreto reglamentario de la Ley de Educación Inclusiva, que tiene la Asesoría Jurídica de la Presidencia, las sanciones por incumplimiento.
En nuestro país hay más de 15.000 niños que presentan alguna discapacidad y que se encuentran excluidos del sistema educativo.