La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción, Josefina Aghemo decidió imputar por lesión de confianza a José Luis Salomón Bittar, exviceministro de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del Ministerio de Industria y Comercio durante la gestión de Francisco José Rivas Almada, y también al proveedor de Metalúrgica Fernández SA, Ángel Trinidad Fernández Ozuna.
La empresa involucrada hoy está en el ojo de la tormenta por millonarias estafas a docentes de todo el país, con descuentos compulsivos por electrodomésticos y motocicletas. Además, se habla de una maniobra de sus accionistas para ocultar bienes con una amañada convocatoria de acreedores y la posterior declaración de quiebra.
La fiscala Aghemo revela en su imputación que presentó la semana pasada, que la empresa proveyó en enero de 2013 motocultores inservibles dentro de un programa de fortalecimiento del sector microempresarial del Ministerio de Industria y Comercio, previsto para mejorar la capacidad empresarial de las microempresas y contribuir con el aumento de la productividad, se debía dotar a asociaciones de microempresarios de maquinaria, herramientas, equipos y construcciones.
Según el escrito de imputación, en setiembre de 2012 el MIC procedió a la apertura de sobres en una licitación pública. En dicha ocasión se presentaron las empresas Eco Rural SRL, Riego Dos Mil, Gotze SA, Metalúrgica Fernández y Local SA.
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El 9 de octubre del 2012, una comisión constituida por los señores Salvador Invernizzi (viceministro de Industria); Cristian Meyer (en representación de Mipymes), Enrique Bordón y Nelson Florentín (miembros del Comité de Evaluación) y Antonio Castagnino (director de Contrataciones del MIC) se constituyeron en los locales de Riego Dos Mil, Gotze y Metalúrgica Fernández, a los efectos de verificar, inspeccionar y probar los equipos ofertados. Solo Metalúrgica Fernández tenía a la vista los motocultores, por lo que las otras fueron descartadas.
Por este motivo, el Comité de Evaluación recomendó la adjudicación a la citada empresa y el 12 de octubre de 2012 por medio de la resolución N° 1075, el Ministro de Industria y Comercio resolvió adjudicar el llamado a Metalúrgica Fernández SA por un monto total de G. 2.671.000.000, que luego fue reducido a G. 2.670.200.000.
Posteriormente, se desembolsó el 40% del total, y el 60 % restante debía ser pagado tras la entrega total de 79 motocultores. El imputado José Luis Salomón quedó en evidencia el 28 de diciembre de 2012 cuando firmó un acta de recepción, con la siguiente aseveración: “…los mencionados bienes son recepcionados a satisfacción y conforme a los requerimientos establecidos, para posteriormente ser entregados a los beneficiarios según un cronograma que será elaborado en forma conjunta...”.
Sin embargo, recién el 25 de enero de 2013, Metalúrgica Fernández, vía nota, informó a Salomón sobre la llegada de las unidades de motocultores adjudicados a la firma y solicitó la planificación de la entrega de los mismos.
Para la fiscala Aghemo, José Luis Salomón habría manifestado falsamente recibir 79 motocultores conforme a las especificaciones previstas en el contrato, en complicidad con Ángel Trinidad Fernández, representante legal de la empresa Metalúrgica Fernández, quien también falsamente dijo haberlos entregado.
“Ambos realizaron estas manifestaciones falsas, presumiblemente con la finalidad de que se generen los procesos administrativos para el pago del 60% restante del monto total adjudicado, pese a que no se habría dado cumplimiento a la designación de un fiscalizador cuya función sería el control de las maquinarias recepcionadas, a fin de avalar el o no pago del porcentaje pendiente”, se desprende de la imputación.
Proceso sin control
Según el Ministerio Público, el Programa “Fortalecimiento al sector industrial” del Ministerio de Industria y Comercio habría sido llevado a cabo aparentemente sin estudio ni análisis previo para determinar la necesidad real de futuros beneficiarios y la viabilidad para la adquisición de los equipos. A esto se suma que los miembros de los comités entrevistados dijeron que los motocultores que recibieron no contaban con la totalidad de los accesorios conforme a las previsiones del contrato: tenían deficiencias técnicas, como ser que el motor no poseía fuerza suficiente, baterías sin funcionamiento, entre otras irregularidades.
Adquisición negligente
En su imputación, la fiscala Josefina Aghemo hace hincapié en que funcionarios fiscales realizaron constituciones y corroboraron que el 95% de las asociaciones de agricultores nunca utilizó los motocultores, por lo que la adquisición fue negligente y habría un daño patrimonial al Estado paraguayo por el total abonado a la empresa Metalúrgica Fernández, G. 2.670.200.000.
Comité de Loma’i Poty
Miguel Santacruz y Carlos Agüero, presidente y tesorero del Comité de Productores Orgánicos de Loma’i Poty, declararon que recibieron dos motocultivos ofrecidos telefónicamente por el entonces ministro de Industria y Comercio, Francisco José Rivas. Cuando retiraron las máquinas de la Escuela Agromecánica de Caacupé, no tenían todas sus partes, y cuando intentaron hacerlos funcionar, uno de ellos sufrió un cortocircuito y casi se incendió.
Cañicultores de Capilla Cue
Pedro Rivas, presidente de la Asociación de Cañicultores de Capilla Cue de Piribebuy, declaró en sede fiscal que recibieron dos motocultores que no poseían fuerza suficiente porque sus ruedas y poleas eran frágiles, por lo que dijo que tuvieron que adaptar las rastras para utilizarlas con bueyes. Además, indicó que nunca recibieron los techitos, lo que les generó muchos gastos, porque “nos entregaron algo de muy mala calidad”.
Mujeres de Yvy Pytã
El Comité de Mujeres Tekojoaju de la colonia Fracción de Yvy Pytã, recibió con gran sorpresa un motocultor, teniendo en cuenta que esperaba recibir pollitos, ya que su actividad principal es la cría de pollos y, por este motivo, nunca se utilizó el motocultor. Debido a esto, habrían solicitado al MIC que les cambiara el motocultor por algo más útil, y como no hubo respuesta, en una asamblea el comité decidió cambiar la maquinaria por 400 pollitos, más comida y medicamentos.
Empresa salpicada por estafa masiva y amañada quiebra
La empresa Metalúrgica Fernández, de Ángel Trinidad Fernández Ozuna, está involucrada en una escandalosa estafa a docentes de todo el país, quienes sufrieron descuentos compulsivos de sus salarios por firmas de documentos en blanco tras la entrega de motocicletas y electrodomésticos.
Una investigación del diario La Nación reveló todo el esquema montado para el ardid que dejó a docentes prácticamente sin cobrar sus salarios por tres años, o con insultantes haberes de G. 50.000 y hasta G. 5.000 mensuales, tras los descuentos irregulares.
La fiscala Teresa Sosa imputó a Fernández Ozuna el 3 de marzo de este año por una supuesta estafa a un docente del área Central, al que le cargaron una cuenta de G. 11 millones por compras que ni siquiera recordaba. El dinero, hasta ahora, no fue recuperado por la víctima. La agente del Ministerio Público cree que los docentes estafados, entre ellos indígenas, por Metalúrgica Fernández llegan a nada menos que 500.
El esquema involucra directamente a dos agremiaciones de docentes: la Asociación de Educadores del Área Central y la Asociación de Educadores de Areguá y en todos los casos el mecanismo fue prácticamente el mismo, debido a que vendedores de Metalúrgica Fernández entregaban televisores o motocicletas y en el acto hacían firmar papeles en blanco a los “beneficiados” para gestionar los descuentos en el MEC y las citadas asociaciones. Finalmente, la excusa era que dependía del salario el monto del descuento, por lo que los docentes caían.
Victorina Páez Ortiz (34 años) es una docente de la comunidad La Armonía, del distrito de Teniente Irala Fernández, Chaco paraguayo. Ella sufrió el descuento de nada menos que G. 30 millones por una motocicleta que le fue entregada en su casa por vendedores de Metalúrgica Fernández, a quienes firmó documentos en blanco. Fue engañada debido a que le dijeron que le iban a descontar G. 250.000 en 12 cuotas, que totalizaban G. 3 millones por la moto, pero de su salario de G. 1.800.000 le llegó a quedar solo G. 50.000 a fin de mes.
Al igual que Victorina, saltaron casos de otros docentes perjudicados. Narcia Wiens, por ejemplo, declaró que no pudo cobrar su salario por tres años. La empresa le proveyó un televisor y tras sus descuentos, le llegó a quedar la insultante suma de G. 5.000 a fin de mes.
Convocatoria amañada
La empresa Metalúrgica Fernández, en julio de 2013, alegó problemas económicos y llamó a convocatoria de acreedores. Su propietario, Ángel Fernández, decidió traspasar los bienes de la firma a su hijo, Anyelo Paolo Fernández, quien abrió la empresa “Asia SA de mandatos” en junio de 2014, en el mismo local de Metalúrgica. El juez de Capiatá, Manuel Saifildin, se prestó a la maniobra. Decretó la convocatoria el mismo día que se solicitó, pero recién ocho meses después dio intervención al síndico de quiebras Camilo Benítez, quien para ese entonces ya encontró un sinfín de irregularidades.
griselda@abc.com.py