“Tem razão mas fica preso” es un refrán popular brasileño que significa literalmente “tiene razón, pero queda preso” y representa la triste realidad de que al recluso no se le escucha y aunque sea injusta su prisión, seguirá ahí.
A Juan Carlos Gómez García le pasó. El 4 de enero pasado, personal de la comisaría 7ª lo apresó en la vía pública Mayor Bullo y José Asunción Flores, donde gana el sustento diario como cuidacoches.
“Había una orden de prisión emanada por la jueza de San Lorenzo María Elena Cañete para su hermano, de nombre Rafael Gómez García, había un auto de prisión, le piden la cédula, no tenía en ese momento, no le creen, buscan los antecedentes, ven Gómez García, habrán pensado que estaba utilizando el nombre de su hermano y como la resolución ya dictaba la prisión preventiva, no orden de detención, entonces fue remitido directamente a la cárcel”, explicó el juez Oscar Delgado.
El informe elevado el mismo día por el subjefe de la comisaría 7ª, Subcrio. Félix Ferrari, al titular del departamento judicial, Crio. Aurelio Marín, no informa de la aprehensión de Juan Carlos sino de Rafael Gómez García, en cumplimiento de una orden de prisión dictada el 4 de agosto del 2016 en un proceso por tentativa de hurto.
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Lo llamativo del caso es que en la fecha en que Juan Carlos fue detenido como si fuera su hermano, el verdadero Rafael ya se encontraba en prisión y en la misma penitenciaría a la que fue enviado su hermano, circunstancia que no fue advertida por las autoridades.
Confinado a una celda de la cárcel de Emboscada, Juan Carlos purgó resignado nada menos que 5 meses y 1 día de reclusión, sin tener proceso alguno ni contar con antecedentes siquiera. El calvario de este hombre llegó a su fin cuando profesionales de la Asociación Caminos de Libertad -que prestan servicio de asistencia jurídica gratuita- llegaron a él mediante un relevamiento de datos de los reclusos de escasos recursos.
Como primera medida, la defensa solicitó su libertad a la jueza que impartió la orden de prisión contra Rafael Gómez García, María Elena Cañete, pero la magistrada alegó que no lo podía liberar a Juan Carlos porque nunca ordenó medida alguna contra el mismo, pues él ni siquiera figura en el expediente a su cargo, que tiene como único procesado a Rafael Gómez García.
Así las cosas, el abogado Roberto Daniel Viveros presentó un hábeas corpus reparador ante el juez penal de garantías de turno, Óscar Delgado López. Para poder recuperar su libertad, Juan Carlos fue sometido a todos los controles que fueron obviados cuando se procedió a su aprehensión.
“El juzgado solicitó informes a la Policía Nacional, al departamento Judicial del Policía Nacional, al juzgado de María Elena Cañete, a la Fiscalía general del Estado por si tengan alguna investigación abierta en contra del señor con orden de captura o algo así; también solicitamos que personal de dactiloscopía del departamento de Identificaciones se constituyan en Emboscada y el sábado a la mañana ya teníamos los informes de que no se trataba del hermano. Y en la mañana de hoy (lunes) nos enviaron su prontuario y de su hermano y con las fotos ampliadas para demostrarse que realmente se tratan de dos personas diferentes. Es una detención evidentemente ilegítima e irregular”, afirmó el juez.
“Se confundieron”
“Me dijeron que yo era Rafael; se confundieron. Yo no tenía mi cédula y por eso justamente me agarraron, estaba lejos de mi casa”, relató Juan Carlos a nuestro diario, tras su audiencia. El entonces recluso explicó que había extraviado su cédula dos meses antes y que nunca había sido convocado a una audiencia ni había tenido acceso a un defensor público durante los cinco meses en que estuvo recluido.
Recluidos en el mismo penal
Al juez penal de garantías Óscar Delgado le tomó tan sólo algunas horas corroborar que el detenido Juan Carlos no era Rafael Gómez García. Para el efecto, el magistrado dispuso la constitución de personal de dactiloscopía del departamento de Identificaciones en la penitenciaría de Emboscada. Esta sencilla diligencia hubiera evitado que el ciudadano purgara nada menos que 5 meses y 1 día de injusta reclusión.
De hecho, resulta inexplicable que una negligencia tan grosera como la que derivó en la privación de libertad de un ciudadano sin proceso alguno pueda darse en una era de tantos avances tecnológicos como la nuestra.
“A la Policía debería ser fácil corroborar porque cuando yo solicité en menos de 2 horas se fueron a la Emboscada y a la tarde ya teníamos las huellas dactilares y la confirmación de que no era la persona. (...)”, indicó el magistrado.
Otro punto que resulta llamativo es que cuando Juan Carlos Gómez García ingresó a la cárcel como Rafael Gómez García, el verdadero Rafael ya se encontraba en prisión, justamente en el mismo penal al que fue enviado Gómez.
Rafael fue detenido el 5 de agosto de 2016 y permaneció preso en Emboscada hasta el 10 de febrero pasado, cuando salió en libertad por compurgamiento de la pena mínima por disposición de la jueza María Elena Cañete.
“El hermano hace tiempo ya salió en libertad y él seguía privado de su libertad sin tener una causa abierta en su contra”, explicó el juez Delgado.
Por otro lado, el director de Institutos Penales, Julio Agüero, destacó que en ningún caso está permitida la admisión de internos sin cédula o prontuario hasta que la Policía Nacional los documente debidamente.
“En ningún caso los directores de las instituciones penitenciarias podrán recibir a internos no identificados, ya sea provisional o definitivamente”, afirmó.
Sistema AFIS, en penal de Cnel. Oviedo
Tras lo ocurrido en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo se instaló el Sistema de Identificación Automática por Huellas Dactilares, AFIS por su sigla en inglés, para evitar que ingresen al sistema personas sin identificación, por homonimia o suplantación de nombre.
El Ministerio de Justicia informó que Afis es un software adquirido para la Policía Nacional que se instaló en el penal gracias a un convenio con el Ministerio del Interior y también está prevista su instalación en las penitenciarías de Encarnación y Pedro Juan Caballero.
Error habilita resarcimiento
Para el penalista Rodrigo Yódice, es clara la violación del artículo 76 del Código Procesal Penal, que obliga a la identificación del procesado desde un primer momento, y que incluso amerita una demanda contra el Estado paraguayo por daños y perjuicios. Asimismo, más allá de la negligencia que derivó en la reclusión ilegal del ciudadano Juan Carlos Gómez García, resaltó que este caso plantea la necesidad de redefinir los paradigmas en torno a la prisión preventiva.
“La prisión preventiva bajo ningún punto de vista es un mecanismo anticipado del sistema penal estatal para poner una pena anticipada a la persona, sino un mecanismo de resguardo o cautelar, para evitar que la persona se fugue u obstruya actos concretos de investigación. En este caso específico estamos hablando de un hecho punible que no tenía una pena privativa de libertad mayor de 5 años, no es posible que esta persona no haya tenido una audiencia de revisión en este plazo de 5 meses. Imagínese, llegamos casi al colmo de que casi llegó a compurgar la pena mínima una persona que por error judicial fue encarcelada preventivamente”, resaltó.
“Es una barbaridad y esto revela claramente que el sistema está digitado o predestinado para aquellos que tienen recursos y las personas que carecen de recursos evidentemente no acceden a los mecanismos y a las garantías constitucionales que prevé el orden jurídico”, afirmó Yódice.
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