Sanción de una ley internacional

El Congreso sancionó de forma automática el convenio sobre ciberdelincuencia, también denominado Convenio de Budapest, uno de los pocos acuerdos internacionales que legislan sobre la ciberdelincuencia. Se dotará a la Fiscalía de una herramienta para obtener cooperación internacional.

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El citado instrumento internacional fue aprobado en abril del año 2001 por el Consejo Europeo, con el objetivo de armonizar las legislaciones de los estados miembros de la Unión Europea -en un primer momento-, pero abierto a la aprobación de los demás países a partir del mes de noviembre del mismo año. De este modo, el Paraguay se estaría sumando a los más de 50 países que hasta el momento ya lo han aprobado.

El presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Éber Ovelar (ANR, disidente), manifestó que la convención tiene por objeto prevenir las conductas que atenten contra la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, pero lo más importante radica en su finalidad de establecer un marco jurídico internacional que permita impulsar la cooperación internacional.

Menciona que en nuestro país se sancionó en el año 2011 la Ley Nº 4439, que incorporó al orden jurídico penal varias figuras que tipifican adecuadamente los delitos informáticos, tales como: el acceso indebido a datos -o hacking-, el sabotaje a sistemas informáticos, la interceptación de datos o el acceso indebido a sistemas informáticos, los que fueron agregados a los tipos penales establecidos originariamente en el Código Penal.

Sin embargo, sostiene que esta legislación resulta aún insuficiente para considerar satisfactoria la política criminal en el ámbito de persecución de este tipo de hechos, al no contar con uno de los elementos más importantes para la investigación de los delitos informáticos, que radica en la cooperación internacional.

El exfiscal expresa que con la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest busca justamente dotar de herramientas a la Justicia para investigar delitos y crímenes que se cometen en la web, como la distribución de pornografía infantil, lavado de dinero, trata de personas, delitos contra la propiedad intelectual, estafas y fraudes informáticos. Refiere que las tareas investigativas emprendidas por el Ministerio Público por hechos punibles cometidos vía internet tendrán la posibilidad de asegurar los contenidos y datos digitales, con la cooperación de otros países.

El convenio aprobado por el Congreso también incorpora la adhesión del Paraguay al Protocolo Adicional que complementa a la Convención sobre la Ciberdelincuencia, y que se refiere a la tipificación penal de los actos de índole racista y xenófoba cometidos mediante sistemas informáticos.

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