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Además de la falta de verificaciones policiales, las dos modernas cámaras de circuito cerrado que se colocaron para controlar el tráfico tampoco funcionan desde hace varios meses, según confirmaron los uniformados. El predio de la reserva está ocupado por un grupo de alrededor de 350 familias campesinas, quienes reconocen que realizan masivas deforestaciones.
Según afirman, es la única manera de sobrevivir y preparar la chacra. Los campesinos supuestamente talan los añosos árboles de la reserva para luego comercializarlos.
Los traficantes se encargan de transportar el producto de la tala a diversos puntos de nuestro país, principalmente a Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, entre otros departamentos. El traslado se realiza por caminos alternativos. Uno de ellos es el que atraviesa la estancia JP para salir a la Ruta X “Las Residentas”, según las denuncias.
Un efectivo policial apostado en el improvisado “puesto de control” y que pidió reservar su identidad por temor a represalias señaló que ya no realizan los controles porque solamente son cuatro, cuando anteriormente eran quince. “Con cuatro personales no podemos arriesgarnos a hacer controles, porque los traficantes son muy peligrosos”, expresó el oficial.
Dijo que el negocio también tiene el respaldo de políticos de la zona; sin embargo, no dio nombres. Confirmó que las cámaras no funcionan hace varios meses, por lo que el camino está libre para los traficantes.
Por su parte, el jefe de Policía del Departamento de Canindeyú, comisario principal Antolín Gómez Vargas, indicó que los efectivos de la Deboa no dependen de la jefatura departamental. Sin embargo, dijo que se interiorizará de la situación porque los efectivos solo tienen el trabajo de control y fueron asignados precisamente para ello en ese lugar.