Defensa del Consumidor: ¿funciona o no la dependencia?

Violeta Escobar es una mujer que un día en el mes de abril del año 2010, fue a una casa de electrodomésticos para adquirir un producto mediante un crédito pero tal fue la sorpresa al enterarse que no podía realizar la compra porque estaba registrada en Inforconf desde hacía seis meses.

Más fue su sorpresa cuando se enteró que fue una empresa de telefonía celular (con la cual no tiene ninguna línea) la que registró su supuesta deuda de 1.300.000 guaraníes.

Cuando llamó a Atención al Cliente de la firma fue atendida por una señorita con tono argentino (en ese entonces no tenía atención al cliente local), quien le informó que se encuentra en Inforconf por habilitar dos teléfonos con plan fijo de G. 50.000 cada uno.

“Entonces yo me pregunto, ¿qué datos míos tienen, cómo obtuvieron copias de mi cédula y mis documentos para asignarme esos números?”, indicó la mujer.

Posteriormente solicitó los extractos de línea para verificar si alguien utilizó las líneas, con el temor de encontrarse en un caso en los que la gente compra a nombre de otra para delinquir (ej. casos de llamadas desde la cárcel, llamadas de extorsionadores, etc). La firma le cobró G. 26.000 por cada extracto de línea donde finalmente corroboró que jamás se usaron.

La firma le solicitó a la mujer que firme un acta de desconocimiento para que no esté registrada en Inforconf. Debido a este hecho se dirigió a Defensa del Consumidor, con el objetivo de buscar una solución y un resarcimiento de la firma.

“Yo fui a la Dirección General de Defensa del Consumidor y resulta que Defensa del Consumidor termina donde yo empecé. Ellos solo llegan hasta la conciliación, que es que me saquen de Inforconf”, explicó la mujer, quien pretendía que la firma pida una disculpa y le otorgue un resarcimiento económico.

Ante dicha situación, la denunciante decidió enviarle un telegrama colasionado a la firma de telefonía celular, ya que una demanda civil sería muy costosa y duraría muchos años. Luego de ocho días del envío del documento, la firma sacó de Inforconf a la denunciante.

Sin embargo presentó una denuncia ante la Fiscalía por “abuso de documento de identidad y producción de documento no auténtico” ya que la empresa tuvo que tener sus documentos para aprobar un crédito.

Violeta cuestiona que la falta de protección para los consumidores.

“Con este tipo de cosas se te van quitando las ganas de protestar. Parece que no queremos reclamar nuestros derechos, pero no es eso. Lo que pasa es que nos cierran las puertas. Yo hasta aquí llegue, nada más puedo hacer. No es que los paraguayos seamos idiotas y no queramos protestar. Simplemente estamos tan desprotegidos que da rabia”. Indicó Violeta.

El director de Defensa del Consumidor, Antonio Ferreira, explicó a ABC Color que los casos que son judicializados ya no son competencia de la citada dependencia porque la ley establece que es un trámite administrativo.

En relación a los casos de denuncias con empresas de telefonía celular, el director indicó que están realizando dos a tres audiencias de conciliación por día. Afirmó que reciben la mayor cantidad de denuncias contra las firmas de telefonía celular.

Explicó que el año pasado tuvieron un caso similar al de Violeta Escobar, en el que habilitaron líneas de celulares para una persona que no tenía conocimiento. Ante dicha situación, Ferreira dijo que consiguió que un perito caligráfico amigo le brinde sus servicios de forma gratuita para ayudar a una persona de escasos recursos que estaba por perder su puesto de trabajo por una deuda de celulares. De esta manera “le salvamos”, indicó el director de Defensa del Consumidor.

Ante dichos casos, la Dirección de Defensa del Consumidor cuenta con una oficina en la comuna de Asunción o en el Ministerio de Industria y Comercio, ubicada en Avda. Mcal. López Nº 3.333 entre Dr. Weiss y Salaskin.

También pueden realizar la denuncia a la línea baja 021-661.662 o enviar un correo a consumidorinforma@mic.gov.py o en la página web www.mic.gov.py.

Los usuarios afectados con situaciones de habilitación de líneas de telefonía celular deben recurrir a la justicia para que se cumpla con el resarcimiento económico que pretenden debido al perjuicio con el cual fueron afectados.

El caso más reciente fue lo dispuesto por la magistrada en lo Civil y Comercial, Judith Gauto, quien condenó por daños y perjuicios a la firma Claro a pagar 61.158.000 de guaraníes a la defensora pública Anahí Benítez, quien planteó la demanda porque habilitaron una línea de telefonía celular sin su consentimiento en octubre de 2007.

Tras esa situación, la mujer quedó registrada en Inforconf debido a la deuda que generó la cuenta de la línea de celular.