Un “territorio de nadie” en plena ruta II

Entre el viernes a la noche y el sábado a la madrugada, así como cada domingo, cada fin de semana, la tranquilidad del kilómetro 16 sobre la ruta II se convierte en un verdadero descontrol.

En ambos lados de la ruta II hay estaciones de servicios, pertenecientes a Barcos & Rodados y Petrobras, así como una bodega.

Éstas se convierten en puntos de encuentro de motociclistas y automovilistas, quienes consumen bebidas alcohólicas y luego ganan la ruta para realizar alocadas carreras ilegales.

El tránsito de vehículos ocasionales es una cuestión de riesgo, pues los jóvenes ganan la ruta y cruzarse con ellos equivale a ser víctima de vandalismo, se quejaron pobladores de la ciudad de Capiatá, así como automovilistas que transitan ocasionalmente por la zona.

Roturas de espejos retrovisores, rayaduras, pedradas y otros tipos de violencia ocurren casi cada fin de semana en la mencionada arteria. La comisaría 8ª Central, en cuya jurisdicción se encuentra el lugar, nada hace el respecto. El Ministerio Público de Capiatá también es indiferente a la situación.

Agentes de la Policía Caminera se colocan kilómetros antes, en San Lorenzo, en las cercanías de su cuartel central, pero tampoco intervienen, pese al desarrollo de las carreras, que son ilegales.

Cada noche y madrugada del fin e inicio de semana, la zona es prácticamente un “infierno”. Música a todo volumen, excesiva ingestión de bebidas alcohólicas, prepotencia de los jóvenes y transgresión de las reglas de tránsito.

En ambas manos, tanto en dirección a Asunción como hacia el centro de Capiatá, los jóvenes copan la ruta y se aprovechan de indefensos automovilistas. La Policía hace “la vista gorda" ante la situación, manifestaron vecinos del lugar.

El exdirector de la Policía Caminera y actual senador Eduardo Petta es una persona que combatió las carreras ilegales y la ingesta de bebidas alcohólicas en las rutas. “Cuando no hay control, hay descontrol”, resumió el legislador sobre la situación en la zona cercana al Aratirí.

Recordó que durante su gestión como director de la Caminera, entre mediados de 2008 y 2011, el problema de las carreras ilegales comenzó en el kilómetro 16,5 pero de la ruta I; también en Capiatá y, como epicentro, una estación de servicios.

Recordó que vecinos de la zona pidieron socorro debido a los ruidos molestos. En varias ocasiones, la Policía Nacional y la Caminera, acompañadas del fiscal Blas Imas, intervinieron en el lugar.

Encontraron polución sonora proveniente de vehículos "tuneados", jóvenes que fumaban cerca del expendio de combustible, ingesta de bebidas alcohólicas pese a la tolerancia cero y otras situaciones irregulares.

Los “organizadores”, ante el trabajo de Petta e Imas, cambiaron de sitio de carreras. Pasaron a la ruta Acceso sur, en la zona de Ñemby. Nuevamente fueron perseguidos por la Policía Nacional y la Caminera.

Es así que, mediante mensajes de texto, en aquel entonces, los “organizadores” convocaban a las carreras a determinada hora, tratando de burlar los controles de las autoridades, aunque sin éxito.

Las carreras ilegales se realizaban entonces en la autopista de Luque, en Ypacaraí, Capiatá y así sucesivamente, aunque siempre la “competencia” era frustrada por el fiscal Imas y por Petta, contó el legislador, quien destacó el trabajo coordinado de las entidades.

Una organización logró que el aquel entonces Aratirí ceda su predio para las carreras. Los participantes previamente debían pasar por el alcotest y, si daban negativo, podían usar la pista bajo ciertas condiciones, recordó el parlamentario. Este fue uno de los modos de contrarrestar los hechos delictivos.

El senador refirió que las carreras ilegales se realizan por dinero y que ya ocasionaron varios incidentes en las zonas donde se realizaban. Acotó que una ocasión hubo un homicidio, así como accidentes de tránsito y actos de vandalismo.

Petta resaltó que hubo procesos penales y sanciones administrativas por parte del Municipio de Capiatá, pero que actualmente nada de ello está en vigencia. Insistió en que un trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Caminera permitirá devolver la tranquilidad a la zona cercana al ex Aratirí.