El juez civil y comercial del Undécimo Turno de Asunción, Hugo Garcete Martínez, envió una nota a la Municipalidad esteña para reiterar el pedido para la inclusión en el presupuesto de 2020 de un pago de G. 1.359 millones a favor de la Caja de Jubilaciones.
La disposición judicial fue en el marco de un juicio ejecutivo finiquitado. La demanda fue impulsada por el ente previsional ante la falta de transferencia del aporte obrero-patronal entre 1996 al 2000, un período de convulsión política en Ciudad del Este y que terminó con los exintendentes interinos Eduardo Morales y Alicio Peralta presos.
Arnaldo Cardozo, director de Gabinete de la Caja de Jubilaciones, recordó que la demanda se presentó en 2001 y el capital reclamado era de G. 2.072 millones sin sumar los intereses. En enero de 2019, la deuda trepó a G. 12.787 millones, según indicó Cardozo.
Los exintendentes colorados Javier Zacarías Irún (2001-2007) y su esposa Sandra McLeod (2007-2019) se negaron a pagar la deuda y posibilitaron el crecimiento del pasivo con los intereses acumulados.
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Segunda demanda
La Municipalidad esteña también afronta otra demanda similar promovida por la Caja de Jubilaciones.
Esta segunda demanda fue presentada a raíz de la falta de transferencia del aporte entre agosto a noviembre de 2006, cuando el actual concejal Miguel Coronel (ANR) de forma interina se encargaba de la intendencia en sustitución de Javier Zacarías quien en aquel entonces buscaba el rekutu.
La Caja de Jubilaciones reclama en este juicio la suma de G. 14.031 millones.
Otros Municipios
Otros cinco municipios de Alto Paraná se encuentran demandados por la Caja de Jubilaciones por falta de transferencia del aporte.
La Municipalidad de Hernandarias fue requerida por una deuda de G. 1.157 millones de capital sin sumar intereses.
La falta de transferencia se dio entre enero a noviembre de 2014, durante la gestión de los liberales Mario Castillo y Erico Aguero; y de marzo a diciembre de 2019, bajo administración del actual intendente Rubén Rojas (ANR, cartista), acorde a los datos proporcionados desde la Caja de Jubilaciones.
Por el caso los exintendentes Castillo y Aguero fueron acusados por lesión de confianza y apropiación por la Fiscalía.
Los Cedrales, gobernado por Aldo Mareco (ANR, cartista), también fue demandado por una deuda de G. 97 millones; San Cristóbal, administrado por Guido Ayala (PLRA), por G. 116 millones; Juan León Mallorquín, gestionado por Mario Noguera (PLRA), por G. 79 millones; y Presidente Franco, bajo mando de Roque Godoy (PLRA), por G. 179 millones.