El procedimiento es encabezado por la fiscala Natalia Montanía, quien está acompañada de unos 400 efectivos policiales, entre agentes del Grupo Especial de Operaciones, Agrupación Especializada de Asunción y otras diferentes comisarías jurisdiccionales. Además, acompañan representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y Derechos Humanos.
Las operaciones se realizaron en tres sectores de la vasta propiedad: en dos lugares estaban los presuntos campesinos sin techo y en otra zona unas 30 familias indígenas. Se trata de un procedimiento fiscal que consiste en el cese del hecho punible.
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Hasta el momento no hubo mayores incidentes, pero ya se reportaron diez detenidos: Benjamín Cuenca Morel, Gerónimo Fabián Gutiérrez Arguello (posee orden de captura por invasión de inmueble ajeno), Marcial Acosta Garayo, Carmelo Montiel Ruiz Díaz, Wilson Cubas Peña, Wilson Acosta Garayo, Arcadio Flores López, Jafet Derlis Colmán Dávalos, Teófilo Fariña Ferreira (cuenta con prohibiciones varias por incumplimiento del deber legal alimentario) y Joel Galeano Colmán.
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La propiedad pertenece a la firma Desarrollos Madereros S.A, dedicada a la producción forestal, cuenta con una extensión de 1.501 hectáreas y fue adquirida aproximadamente en el año 1996. La firma mantiene un largo conflicto con los invasores que alegan que hay excedentes de tierra, lo que había sido descartado por el Indert.