La operación, que comenzaría el domingo, está dirigida a 2.000 personas en al menos 10 ciudades y podría incluir “deportaciones colaterales”, según un reporte publicado el jueves por el diario The New York Times.
En junio, Trump anunció que Estados Unidos deportaría a “millones de extranjeros ilegales”, en línea con su discurso de lucha contra la inmigración irregular, pilar de su campaña y de su gobierno.
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La operación fue retrasada con el fin de dar tiempo al Congreso a que busque un compromiso sobre las medidas de seguridad para adoptar en la frontera con México. Los demócratas reaccionaron diciendo que estos planes amenazan potencialmente a personas que han vivido desde hace años en Estados Unidos y cuyas familias incluyen en muchos casos a hijos estadounidenses.
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La amenaza de las deportaciones asusta a muchas comunidades en Estados Unidos. Varias asociaciones han distribuido manuales que incluyen instrucciones sobre cómo comportarse si son requeridos por agentes y cuáles son sus derechos.
Organizaciones de derechos humanos se agruparon para demandar al fiscal general, William Barr, y a las agencias involucradas en los procesos para impedir las deportaciones, afirmando que la operación de deportaciones viola el debido proceso.
