El Ejecutivo, que suele acogerse a datos y recomendaciones de la OMS y de los expertos para afrontar la crisis sanitaria, también recibió duros reproches y acusaciones de improvisación por otros asuntos, en especial desde el ámbito político.
Entre esas cuestiones están lo que la oposición denomina "falta de previsión" ante la llegada de la epidemia a España, la escasez de material de protección para los profesionales sanitarios, la compra de una partida de test de coronavirus de poca calidad o la distribución de miles de mascarillas defectuosas (luego retiradas) entre médicos y enfermeros, profesionales afectados altamente por el contagio.
España se encuentra en la sexta semana consecutiva de confinamiento obligatorio en las viviendas como medida para frenar el contagio, salvo para desplazarse a los trabajos autorizados, comprar alimentos y medicamentos o ir al médico y al banco.
Y el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, pide este miércoles al Congreso una prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo.
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Como "alivio parcial" del confinamiento, el Ejecutivo anunció este martes por la mañana que los niños podrían acompañar a un adulto a los establecimientos de comestibles, las farmacias o realizar gestiones financieras según las "recomendaciones de los expertos". Pero no podrían salir a jugar o pasear.
La decisión fue criticada duramente por organizaciones de padres, sanitarias y de partidos de derecha y de izquierda, incluido Podemos, que gobierna en coalición con los socialistas y que exigió una rectificación.
Apenas unas horas después, ya por la noche, el ministro de Sanidad, el socialista Salvador Illa, informó de un cambio de criterio para que los niños puedan "dar paseos" a partir del domingo próximo, aunque no precisó detalles sobre la fórmula.
Sin embargo, recordó que España no está aún en la fase de "desescalada" para un final gradual y paulatino del confinamiento, que dependerá de cómo evolucione la epidemia, que mantiene la tendencia descendente, aunque el número de muertos supera los 21.200.
En general, la población respeta el confinamiento obligatorio, según las autoridades españolas, aunque las fuerzas del orden detuvieron ya a centenares de personas e interpusieron miles de denuncias por incumplimiento.
Por otra parte, el alcalde de Badalona (220.000 habitantes), el socialista Álex Pastor, en la provincia catalana de Barcelona, dimitió hoy después de ser detenido tras un incidente con agentes de Policía que le detuvieron con síntomas de embriaguez en un control de automóviles para vigilar el cumplimiento del confinamiento.