LIMA (EFE). Peruanos de todas las edades, clases sociales y ideologías exigen un cambio en el manejo de su país, inmerso además en una grave crisis sanitaria y económica por la pandemia.
Las claves de esta crisis:
LEGITIMIDAD EN DUDA. Manuel Merino, quien era presidente del Congreso, asumió el pasado martes la jefatura del Estado en reemplazo de Martín Vizcarra (al que el Legislativo acusó de “incapacidad moral” tras ser denunciado por presunta corrupción), porque este no tenía vicepresidentes y en cumplimiento de lo que indica la Constitución.
En sentido estricto, el proceso cumplió con el procedimiento legal, ya que Vizcarra fue destituido con el voto de 105 de los 130 parlamentarios, aunque son numerosos los juristas, constitucionalistas y políticos que remarcan que si bien tuvo legalidad, carece de legitimidad.
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Esto se explica porqué la ciudadanía no acepta la decisión tomada por el Legislativo, ya que considera que Vizcarra debió concluir su mandato hasta el próximo 28 de julio para luego ser investigado y, de ser necesario, procesado por la Justicia.
POR LA DEMOCRACIA. Las manifestaciones ciudadanas, que incluyen marchas, cacerolazos y bocinazos nocturnos, enfatizan que no lo hacen en defensa de Vizcarra sino “de la democracia”, al considerar que el Congreso dio un golpe de Estado encubierto para copar el poder y cambiar normas fundamentales en el país.
Entre esos temores están que se modifique el calendario de las elecciones generales enmarcadas para abril de 2021 y que se cambien o anulen normas que cuentan con gran aprobación social, como la reforma de la educación universitaria.
Durante las últimas décadas, el Congreso es una de las instituciones más desaprobadas por la ciudadanía y el actual, que comenzó sus funciones en marzo pasado, está atomizado en nueve bancadas e incluso tiene legisladores no agrupados.
Por ese motivo, existe la opinión generalizada de que los actuales congresistas, que no pueden postular a la reelección en 2021, solo buscan atender sus intereses particulares y de sectores que favorecieron su elección.
CRISIS TRAS CRISIS. En Perú la ciudadanía está harta de la corrupción que alcanza a gran parte de su clase política, una situación que estalló en el año 2000, al conocerse el gran escándalo que derribó al gobierno de Alberto Fujimori, y que volvió al primer plano en los últimos años con los casos Lava Jato y Odebrecht.
Precisamente, los peruanos vieron como sus expresidentes fueron comprometidos en investigaciones vinculadas con los sobornos y pagos irregulares que hizo Odebrecht para conseguir grandes obras públicas.
Las investigaciones fiscales implicaron a Alejandro Toledo (2001-2006) , Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Kuczynski (2016-2018), a los que se unió en las ultimas semanas Martín Vizcarra (2018-2020), mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó el año pasado, cuando iba a ser detenido.
LENTITUD LEGAL. La crisis política que afronta Perú también muestra la lentitud de los procedimientos legales en el país, ya que muchos afirman que se pudo evitar si el Tribunal Constitucional (TC) se manifestaba a tiempo sobre una demanda que presentó Vizcarra hace un mes y medio.
Ese pedido buscó que el máximo intérprete de la Constitución se pronuncie sobre la facultad que tiene el Congreso de destituir a un jefe de Estado por “incapacidad moral permanente”, un extremo que ya se había intentado aplicar al exgobernante en septiembre pasado.
Sin embargo, Vizcarra fue sometido el pasado lunes a un segundo juicio político bajo los mismos términos sin que se conociera el pronunciamiento del TC sobre el tema de fondo.
Ante las críticas ciudadanas y el pedido de organismos internacionales para que se pronuncie, el TC convocó a una audiencia para ver el caso este miércoles 18, tras lo cual señaló que no podía incumplir los plazos que ordena la ley, entre ellos dar un mes al Congreso para que responda a la demanda.
Además, se remarcó que Vizcarra no presentó ningún nuevo pedido para paralizar el segundo juicio político al que iba a ser sometido, por lo que el TC no podía pronunciarse.
Aunque el TC manifestó su preocupación por el “ambiente político polarizado” que ahora afronta Perú, también dejó en claro que su pronunciamiento final sobre la “incapacidad moral” no afectará la decisión que ya tomó el Congreso contra Vizcarra, porque sus resoluciones no son retroactivas.
Condenan las agresiones
Desde que el Congreso Manuel Merino juró como presidente, los peruanos realizan manifestaciones que van creciendo día a día hasta convertirse en multitudinarias.
En esas marchas, se produjeron agresiones contra al menos 16 periodistas y fotógrafos por parte de la policía. La SIP instó “a respetar el libre ejercicio del periodismo en democracia, en momentos de convulsión política en los que la ciudadanía necesita estar informada”.