“Tenemos el compromiso de recuperar y proteger del saqueo sistemático del régimen de Nicolás Maduro los activos de la República (...). Para ello, contamos con mecanismos de control que nos permiten detectar cualquier acuerdo o gestión que pueda lesionar los intereses” del país, “tal como ocurrió con las propuestas a las que hace referencia el artículo”, indica un comunicado de la oficina del dirigente opositor.
The Washington Post publicó el pasado sábado testimonios y documentos denunciando pedidos de sobornos para gestiones con bienes de Venezuela en Estados Unidos y negociaciones para una eventual condonación de deuda de Paraguay con el país caribeño, señalamientos negados por el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“En relación a la propuesta referida a la deuda de la empresa petrolera paraguaya Petropar, consideramos que, lejos de ser un caso de supuesta irregularidad o corrupción, es un claro ejemplo positivo de cómo el Gobierno interino desplegó oportunamente los mecanismos necesarios para proteger los intereses de la República. Dicha propuesta, tras ser evaluada, fue rechazada por la Procuraduría Especial de Venezuela, la junta Ad-hoc de PDVSA y el Presidente interino, tras considerar que no cumplir con las condiciones satisfactorias para la República tanto por el porcentaje de quita planteado como de la comisión estipulada para el abogado. Es fácilmente comprobable que ningún acuerdo o contrato se celebró y, por ende, no existió ninguna erogación o comisión. Así lo han confirmado públicamente además las autoridades del Paraguay”, reza en parte de la misiva.
Estados Unidos, en su apoyo a Guaidó para intentar desplazar del poder a Maduro, le entregó al opositor el control de activos de Venezuela en ese país, incluida la refinadora Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA. “Se puede constarar la inexistencia de elementos probatorios de los supuestos actos de extorsión”, aseguró la oficina de Guaidó, que aseguró haber pedido al Departamento de Justicia estadounidense “iniciar una investigación independiente”.
El escándalo coincide con un momento complicado para Guaidó. El martes se instaló en Venezuela un nuevo Parlamento controlado por el chavismo, que ganó 256 de 277 escaños en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, boicoteadas por los principales partidos políticos de la oposición y desconocidas por Estados Unidos y la Unión Europea. Guaidó defiende la “continuidad” de la Asamblea Nacional opositora -elegida en 2015- al calificar de “farsa” los últimos comicios.