El diario oficialista The Global New Light of Myanmar, ahora bajo el control de los uniformados, publica este viernes la medida adoptada la víspera y que llega tras una serie de ataques perpetrados por el grupo recién formado Fuerza de la Defensa Chin.
Bajo la ley marcial, que desde marzo se aplica en al menos seis barrios de Rangún, las detenidos por cargos como traición, ataques con armas o incitación a la violencia, entre otros, son juzgados en tribunales militares, donde las sentencias son más severas e incluye la pena capital.
Alrededor de 150 rebeldes, calificados como "terroristas" por los militares, asaltaron el miércoles con armas y explosivos de fabricación casera una comisaría y una sucursal del banco propiedad de los militares en Mindat, unos incidentes que se repitieron el jueves y que según el diario oficialista terminaron sin víctimas.
Este nuevo grupo rebelde asegura haber causado decenas de bajas entre las filas militares durante enfrentamientos o ataques con tácticas de guerrilla.
Por su parte, el portal Chin Media World informa de que al menos un joven de 18 años perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas el jueves durante la ofensiva de los militares, apoyada con disparos de artillería, contra la población.
Los combates continúan este viernes, apunta el portal Khit Thit Media.
Al menos 788 personas han perdido la vida desde el sublevamiento a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones en rechazo del mando castrense, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Las manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas, continúan un día más en varias poblaciones del país, como Rangún o en la norteña Myitkyina, a pesar de la violenta respuesta y coacción de las autoridades, quienes han detenido a más de 5.000 personas, según AAPP, incluida la derrocada líder Aung San Suu Kyi.
El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.