“El TEL lamenta anunciar que se enfrenta a una crisis financiera sin precedentes. Sin financiación inmediata, no podrá operar más allá de julio de 2021”, declaró la corte en un comunicado.
La financiación del tribunal, cuya sede se encuentra en las afueras de La Haya, depende en un 51 % de países donantes y el restante 49 % de Líbano. El pasado marzo, la ONU extendió su mandato dos años más y otorgó una subvención de quince millones y medio de dólares (casi trece millones de euros), cubriendo el 75 % de la contribución libanesa.
No obstante, el tribunal ha advertido de que las contribuciones de terceros países siguen pendientes, razón por la cual se ha visto obligado a “iniciar la reducción de actividades relacionadas con la protección de testigos y la seguridad de los registros, pruebas y material sensible”, indicó el TEL.
Creada en 2009 por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, la corte comenzó en 2014 a juzgar en rebeldía a cuatro miembros del grupo libanés chií Hizbulá -Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra-, acusados del ataque con coche bomba contra Hariri en Beirut.
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El pasado año, Ayyash fue declarado culpable y posteriormente condenado a cinco cadenas perpetuas, mientras que los otros tres acusados fueron encontrados no culpables.
Dicha sentencia, la única emitida por el tribunal hasta el momento, “estableció hechos importantes, reconoció el daño sufrido por las víctimas y por la sociedad libanesa y envió un mensaje contundente a nivel mundial de que el terrorismo no quedará impune”, constató la corte.
Actualmente hay procedimientos de apelación en curso, mientras que Ayyash -al que Hizbulá rechaza entregar- tiene aún pendientes en el TEL cargos por otros tres atentados con bomba cometidos contra diferentes políticos libaneses entre octubre de 2004 y julio de 2005, sobre los que también tiene jurisdicción.
La corte asegura que ha reducido su presupuesto en un 37 % para 2021, en comparación con años anteriores, y advierte de que su cierre “dejaría sin resolver casos importantes en detrimento de las víctimas, la lucha contra la impunidad y el Estado de derecho”, afirmó el secretario de la institución judicial y encargado de asuntos administrativos, David Tolbert.