En declaraciones a la radio local "Shems FM", su secretario general adjunto, Sami Tahiri, afirmó hoy de que, tras consultar con varios expertos, "la mayoría de las decisiones del presidente son constitucionales".
Estas decisiones pretenden "prevenir un peligro inminente y establecer el funcionamiento normal de los engranajes del Estado teniendo en cuenta la epidemia del coronavirus", subrayó el organismo en un comunicado de prensa publicado al término de una reunión de la junta directiva.
El sindicato reclamó "garantías constitucionales" que aseguren una salida pacífica a la crisis y la estabilidad política a través de una hoja de ruta en la que se marquen los objetivos y un calendario preciso "para tranquilizar a la población y disipar miedos".
La UGTT, que cuenta con un millón de afiliados, declaró haber sido testigo del deterioro de la crisis política y social que vive el país, provocado por "lobbies y partidos influentes que han profanado el país y lo han hipotecado con una política religiosa peligrosa que ha desatendido su soberanía nacional".
Unas declaraciones que apuntan directamente al partido islamista Ennahda, principal fuerza parlamentaria y socio del Gobierno, a quien se le reprocha su afinidad ideológica con los Hermanos Musulmanes y su dependencia con Turquía y Qatar.
"Ha llegado el momento de asumir sus responsabilidades y poner fin a esta etapa que ha incendiado Túnez", subrayó el comunicado, en el que instó a mantener al Ejército al margen de los conflictos políticos y mostró su rechazo a los "ajustes de cuentas".
El mandatario anunció este domingo el cese del primer Ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión del Parlamento durante 30 días así como la retirada con efecto inmediato de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad".
Said aseguró hacer uso del artículo 80 de la Constitución que le otorga el poder de tomar "medidas excepcionales" ante un "peligro inminente" tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.
Según la Constitución, el objetivo de este texto es garantizar un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible", sin embargo, el Tribunal Constitucional- pendiente de creación desde 2015- debe supervisar dicho proceso y decidir sobre su extensión.
Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada "Revolución de los Jazmines", que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y durante la cual se han sucedido un total de diez gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.