Al menos 25 sanitarios han muerto, 37 han resultado heridos y 190 trabajadores detenidos por las fuerzas de seguridad en los primeros seis meses tras la sublevación militar, según los datos publicados el martes por analistas de Insecurity Insight, la oenegé Physicians for Human Rights y la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
Los soldados y policías, además, han ocupado 55 hospitales y allanado otros 86 centros de salud a lo largo del país, apunta el grupo en un comunicado.
Doctores y enfermeros "han sido blanco de ataques por brindar atención médica a los civiles heridos", mientras que otros profesionales han sido represaliados por su vínculo con el Movimiento de Desobediencia Civil, que con sus manifestaciones y huelgas ponen en jaque a la junta militar.
"La violencia contra la atención sanitaria está haciendo descarrilar aún más la respuesta contra la covid-19 en Birmania y la administración de la vacuna", destaca el comunicado.
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Birmania vive un fuerte rebrote de la pandemia, vinculado a la variante delta, en medio de la crisis política y social derivada del golpe y que se ha profundizado por el colapso del sistema sanitario y la desconfianza de la población con los militares.
Según los datos oficiales, este martes se informó de 4.434 casos y 220 fallecidos, lo que eleva el total a 337.561 contagios, incluidos 12.234 muertos, desde el inicio de la pandemia.
Sin embargo, doctores y asociaciones sanitarias birmanas aseguran que los datos publicados por el Gobierno militar no representan la desastrosa situación del país debido a la limitada capacidad para realizar test, entre 12.000 y 15.000 pruebas al día.
Oenegés internacionales denuncian que la junta militar utiliza la pandemia como un arma contra la disidencia al prohibir la venta directa de oxígeno sanitario y confiscar el suministro, algo que el régimen niega.
En julio, según el informe de Physicians for Human Rights, las autoridades confiscaron equipamiento sanitario y oxígeno en varios incidentes en Rangún, la antigua capital del país y ciudad más poblada, y otras importantes regiones del país con fuerte oposición a los militares como Mandalay, Chin o Kayin.
"La creciente crisis de la covid-19 en Birmania amenaza, cada vez más, a otros países de la región y a todo el mundo", subraya Christina Wille, directora de Insecurity Insight.
Naciones Unidas ya informó en mayo sobre la violencia de las autoridades contra el personal sanitario, al exigir la liberación inmediata de los profesionales detenidos.
Además de la pandemia, la junta militar ha reprimido con extremada violencia las protestas y al menos 965 personas han muerto, mientras que se ha arrestado de manera arbitraria a más de 7.130 opositores al régimen, según los últimos datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).