Austria propondrá a la UE deportar a afganos a países centroasiáticos vecinos

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Viena, 16 ago (EFE).- Austria mantiene su línea dura a favor de la deportación de afganos, incluso con la toma del poder de la milicia integrista taliban, y propondrá a la Unión Europea (UE) expulsarlos a centros establecidos en países vecinos.

El ministro del Interior, Karl Nehammer, del conservador Partido Popular Austríaco, aseguró este lunes que propondrá el miércoles en una teleconferencia de ministros europeos del ramo establecer centros de deportación en países vecinos a Afganistán.

"Los centros de deportación en la región alrededor de Afganistán serían una posibilidad. Se necesita la fuerza y el respaldo de la Comisión Europea. Lo propondré en el Consejo de Ministros del Interior y lo hablaré con la Comisión y mis homólogos", aseguró Nehammer en un comunicado.

El político conservador incluso sugirió buscar alternativas al cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos si esta impide las expulsiones.

"Si las deportaciones no se pueden realizar debido a los límites que impone la Convención Europea de Derechos Humanos se deberían buscar alternativas", afirmó el ministro del Interior austríaco.

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Austria fue uno de los seis países de la UE que hace dos semanas abogó ante la Comisión Europea por la necesidad de mantener las deportaciones a Afganistán de los solicitantes de asilo rechazados.

Tres de los países entonces firmantes, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos, han cambiado desde entonces de parecer debido al imparable avance de los talibán.

El Gobierno austríaco de conservadores y ecologistas ha pedido que la teleconferencia del miércoles se amplíe también a los ministros de Exteriores para evaluar la situación de Afganistán.

"Debe haber una posición común europea sobre cómo respondemos a la situación de seguridad en Afganistán y la próxima oleada de refugiados y migración", indicó Nehammer.

Los conservadores del canciller Sebastian Kurz tienen en la línea dura contra la inmigración un aspecto central de su política después de la crisis migratoria de 2015, en la que el país centroeuropeo acogió a unas 90.000 personas, lo que equivale al 1 % de la población del país.