"La solicitud de rescisión queda desestimada", afirmó la jueza Sisi Khampepe al leer el veredicto en la sede del tribunal en Johannesburgo.
"La mayoría (de la corte) considera que (el expresidente) no pudo demostrar por qué la sentencia (de prisión) fue errónea (...). El señor Zuma no ha cumplido con los requisitos legales de una rescisión", explicó Khampepe, quien precisó que el exmandatario tendrá que pagar las costas de su recurso.
El pasado 12 de julio, los jueces ya escucharon en una audiencia los argumentos a favor y en contra de mitigar la pena de 15 meses de cárcel -impuesta por el propio Tribunal Constitucional contra el expresidente este 29 de junio-, sin emitir un fallo inmediato.
En nombre del expresidente, el abogado Dali Mpofu defendió que el máximo tribunal sudafricano excedió el ámbito de la Constitución al castigar a Zuma, ya que los derechos fundamentales de su cliente se vieron limitados, incluido el de garantía de un juicio justo.
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"Hasta la persona más vil tiene derecho a esos derechos", alegó Mpofu.
Los jueces, sin embargo, incidieron en la importancia del acatamiento de las órdenes judiciales para testificar y en los repetidos desafíos de exmandatario al Poder Judicial, como recordó hoy la magistrada Khampepe.
"LAS MANOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESTÁN ATADAS"
"Todo lo que se puede decir es que la situación en la que él (Zuma) se encuentra ahora no es la creación de la corte, ni la solución está en la corte. Las manos del Tribunal Constitucional están atadas y el propio señor Zuma las ató", zanjó la jueza.
La condena impuesta a Zuma, primer expresidente sudafricano de la era democrática encarcelado desde el fin del sistema segregacionista del "apartheid" (1994), es un castigo por desacato.
La pena responde a sus repetidas negativas a acatar órdenes judiciales que le obligaban expresamente a testificar en una investigación sobre la extensa corrupción ocurrida presuntamente durante su presidencia (2009-2018).
El exgobernante considera que esa investigación -conocida en Sudáfrica como la "Captura del Estado"- y el juez que la lidera buscan destruir su legado.
Días después de su encarcelamiento el 7 de julio, se desataron en Sudáfrica disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas de apoyo a Zuma, degeneraron en violencia general, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
El Gobierno sudafricano sostiene que la ola de disturbios, que dejó 337 muertos y daños económicos por valor de 50.000 millones de rands (unos 2.862 millones de euros), fue "instigada" y planeada.
LIBERTAD CONDICIONAL POR MOTIVOS DE SALUD
El pasado día 5, el expresidente fue puesto en libertad condicional por motivos de salud, según informó el Departamento de Servicios Penitenciarios de Sudáfrica.
Zuma se sometió el pasado 14 de agosto a una cirugía y tenía programadas otras operaciones para días sucesivos, señalaron entonces las autoridades penitenciarias.
El juicio contra el exmandatario por corrupción y otros cargos en relación con un acuerdo armamentístico de finales de los años 90 quedó la semana pasada aplazado nuevamente hasta el 20 y el 21 de septiembre, mientras la Fiscalía analiza los informes médicos presentados por la defensa.
En esa causa, a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado con la empresa francesa Thales.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en 2018, fue acusado formalmente.
Zuma había dimitido de la Presidencia sólo un mes antes, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción.