"El número de casos de tortura por los servicios de inteligencia en Burundi ha aumentado durante los últimos meses y las técnicas son muy brutales", señaló este jueves a Efe uno de los autores de la investigación, Lane Hartill, hecha por la Iniciativa por los Derechos Humanos de Burundi (IDHB), una ONG con base en Europa y Estados Unidos.
Según el informe, desde mediados de año "la actitud de Burundi hacia los derechos humanos ha dado un preocupante giro hacia peor", si bien hace años que organizaciones denuncian los abusos cometidos por las autoridades del país, en concreto por el expresidente Pierre Nkurunziza, fallecido por un ataque al corazón en junio de 2020.
El incremento en las violaciones de derechos humanos, señala la investigación, se produjo de manera paralela a una sucesión de ataques perpetrados por hombres armados no identificados que ha sacudido al país entre los meses de abril y septiembre.
Los asaltos se produjeron primero en la ciudad de Rusaka, en la provincia de Mwaro (centro) y más tarde en Muramvya, en la provincia homónima y a pocos kilómetros de la capital, Gitega.
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Asimismo, en septiembre se produjeron varias detonaciones en la capital económica del país, Buyumbura -calificadas por el Gobierno como "actos terroristas"- así como en Gitega.
En total, los ataques provocaron la muerte de decenas de personas.
Según la investigación de la IDHB, las autoridades acusaron a opositores políticos de haber colaborado con grupos armados para perpetrar los ataques y secuestraron o arrestaron a decenas de ellos, para ser luego dirigidos a la sede de los servicios de inteligencia del país en Buyumbura donde "algunos fueron torturados hasta que el dolor era tan intenso que decían cualquier cosa para pararlo".
De los detenidos, muchos de los cuales permanecieron en ocasiones arrestados durante semanas sufriendo torturas e incomunicados, algunos aparecieron después en la prisión de Mpimba, en Buyumbura, y a otros no se les ha vuelto a ver.
En este sentido, el informe señala que se ha producido también un aumento en las desapariciones forzadas de las cuales -si bien es complicado obtener cifras concretas porque "hay muchos casos que no son conocidos", apunta Hartill- al menos 20 fueron denunciadas públicamente solo desde julio de este año.
"Muchos de los casos se registran públicamente pero el Gobierno casi nunca habla de ellos y ni siquiera diplomáticos en Buyumbura abordan casi nunca los secuestros y las torturas (...) aunque están sucediendo todo el tiempo", dijo a Efe el investigador.
Hace años que diferentes organizaciones de derechos humanos denuncian los abusos cometidos en Burundi bajo el mandato de Nkurunziza, que gobernó el país con un autoritarismo creciente entre 2005 y 2020 al frente del oficialista Consejo Nacional por la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD).
Si bien el actual presidente, Evariste Ndayishimiye -del mismo partido-, llegó al poder con una imagen más dialogante, según el último informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde su nombramiento "se han seguido cometiendo graves violaciones de derechos humanos por parte de trabajadores públicos y miembros de (la milicia juvenil estatal) Imbonerakure".