Tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron esta jornada el oficio enviado por el mandatario, que comenzó a regir por 15 días el pasado 12 de octubre por decreto presidencial y se alargó por igual periodo y por la misma vía el 26 de octubre, pero que ahora necesitaba el visto bueno del Congreso para continuar.

El decreto abarca a las provincias de Bío-Bío y Arauco, en la región del Bío-Bío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, zonas que han experimentado en los últimos tiempos una ola de violencia con frecuentes ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.

Muchos de estos episodios se enmarcan en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país, que reclama las tierras, que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales.