En un documento titulado "Access Denied" ("Acceso denegado"), esta ONG afirma que las fuerzas de la junta militar bloquean la ayuda humanitaria en el estado Kayah (Karenni), donde más de 100.000 personas se encuentran desplazadas debido a los ataques de los soldados birmanos contra objetivos civiles.
A través de más de una veintena de entrevistas, fotografías y vídeos realizados sobre el terreno, Fortify Rights ha documentado la detención de al menos 14 trabajadores humanitarios por parte de los uniformados, así como la destrucción de alimentos, medicinas y suministros destinados a los desplazados.
Según la organización humanitaria, estas acciones suponen una violación de las leyes internacionales y podrían constituir también crímenes de guerra.
El informe recoge el testimonio de trabajadores humanitarios que aseguran que la junta ha creado un clima de miedo y una profesora karenni, desplazada con dos hijos pequeños, cuenta el trauma que la violencia ha provocado en su hija pequeña.
"Recogemos agua de las montañas, hacemos turnos y tratamos de consumirla frugalmente", señala la karenni, ante la escasez de suministros.
Para sortear el bloqueo de la junta, Fortify Rights propone que la ayuda humanitaria sea entregada directamente a los civiles desplazados a través de las fronteras de Tailandia, China, India y Bangladesh, lo que requeriría la autorización de los Gobiernos de estos países.
La ONU agregó que los ataques contra civiles en Karenni (este) son similares a los que los soldados birmanos llevan a cabo en otras partes del país como el estado Chin (oeste) y la región de Sagaing (noroeste).
En los últimos meses se han recrudecido los combates armados entre el Ejército birmano, que tomó el poder el pasado 1 de febrero, y las guerrillas étnicas que llevan décadas alzadas en armas y nuevas milicias civiles formadas a raíz del levantamiento militar.
Naciones Unidas alertó el martes del "deterioro de la situación humanitaria" que vive Birmania a raíz de los combates entre el Ejército y grupos armados y cifró en tres millones las personas que necesitan ayuda.
Al menos 223.000 civiles han sido desplazados debido al conflicto desde el golpe militar, sumándose al desplazamiento desde hace años de 144.000 rohingyás en el estado Rakáin (este) y más de 105.000 personas en los estados Kachin y Shan (noreste).
Los militares justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, pese a que fueron sancionadas por los observadores internacionales.
Las protestas masivas de los primeros meses, reprimidas con brutalidad por los militares, han dado paso a una resistencia armada contra la junta militar, acusada de haber matado a más de 1.250 civiles.
Fortify Rights inició sus operaciones en Birmania (Myanmar) en 2013.