Las mujeres deportadas "fueron objeto de detención y deportación por parte de inspectores de la Dirección General de Migración (DGM) en las inmediaciones de los hospitales" a los que acuden las gestantes para realizarse sus "chequeos médicos rutinarios", denunció la Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados en República Dominicana (Menamird).
El coordinador de la organización, Méthelus Estime, explicó en rueda de prensa que esta situación se produce "especialmente" en el entorno del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, Santo Domingo Este, y se aplica a mujeres que "son residentes en el Gran Santo Domingo de larga data".
Este jueves un grupo de 45 mujeres, 28 de ellas embarazadas, fueron deportadas por la frontera entre la ciudad dominicana de Comendador y la haitiana de Belladere, según informó el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), una ONG haitiana que trabaja con deportados.
Una fuente de la ONU confirmó a Efe los hechos, pero no confirmó el número de mujeres deportadas en estado de gestación.
En varios vídeos que circulan en las redes sociales se ve a mujeres embarazadas y con niños pequeños subiendo a un autobús de la DGM, estacionado a las puertas de un hospital.
La autoridades dominicanas han adoptado en las últimas semanas medidas contundentes para frenar la inmigración ilegal desde Haití, país que pasa por una de las peores crisis políticas y de seguridad de los últimos años.
Entre esas medidas, se anunció que los hospitales públicos solo atenderían a extranjeros indocumentados en casos de emergencia médica y también, que se prohibiría la entrada al país de mujeres embarazadas de más de seis meses.
Para la Menamird, ciertas disposiciones constituyen "una práctica de discriminación racial, xenofóbica" y de "intolerancia" contra las haitianas que viven en República Dominicana, dijo Estime.
En este sentido, instó a los organismos internacionales "a observar esas prácticas degradantes de la dignidad humana que contradicen las normas de protección internacional" sobre Derechos Humanos así como los derechos fundamentales recogidos en la Constitución dominicana.
También pidió a las instituciones dominicanas que dejen "sin efecto la resolución del Consejo Nacional de Migración que impide a los supuestos ciudadanos ilegales hacer uso de hospitales públicos, incluyendo mujeres embarazadas, porque viola la Constitución y atenta contra la salud de la mujer".
Sobre este punto, Estime insistió en que no se niegue "el servicio de salud a las parturientas que lo solicitan desde Haití, cobrándoles una cuota de recuperación y garantizando su retorno una vez recibida la atención, teniendo en cuenta la situación de crisis que atraviesa el país", apuntó.
Las medidas dispuestas por el Gobierno dominicano también incluyen normas de carácter laboral para asegurar que las empresas no tienen a más e un 20 % de extranjeros en sus plantillas, tal y como establece la ley del país.