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La nueva audiencia celebrada hoy, la quinta desde que inició el proceso, en la sala multifuncional de los Museos Vaticanos, duró apenas 10 minutos, con la única presencia en la sala de Becciu de todos los acusados.
El presidente del Tribunal, el juez Giuseppe Pignatone, anunció que había ordenado hoy la transcripción de los interrogatorios grabados en audio-vídeo, en primer lugar del testigo clave el monseñor Alberto Perlasca, que trabajó en el departamento financiero y que en un principio estuvo investigado.
Fijó el 10 de enero como fecha límite para esta operación y será entonces cuando se solicite el nuevo envío a juicio de los otros cuatro acusados cuya posición se separó del resto por problemas en el sumario o se archive su posición.
En cuanto a las peticiones de nulidad del proceso reiteradas por la defensa durante la última vista, tanto por las partes que faltan en las grabaciones como por la ausencia de documentos en el sumario, la fiscalía vaticana explicó que había presentado "un memorando específico indicando en las actas dónde se encuentran los documentos que se consideran desaparecidos".
En este punto, Pignatone aplazó el juicio para una audiencia el 25 de enero de 2022 en el que sólo se comunicará el envió a juicio o sobreseimiento de los imputados cuyas posiciones han sido separadas y después se fijará una fecha a mediados de febrero para proceder a la reunión de los dos procedimientos e iniciar el juicio.
El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa, terminada en estafa, de un edificio en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros por la que el Vaticano fue extorsionado y tuvo que presuntamente pagar al broker Gianluigi Torzi para continuar con la operación,
La compra del edificio se inició, a través de una red de financieros y consultores, en el momento en que Becciu era, en 2014, sustituto de la Secretaria de Estado para los Asuntos Generales, prácticamente el hombre de confianza del papa en la gestión administrativa del Vaticano.
Además de Becciu, a quien el papa retiró sus derechos cardenalicios, también están imputados Torzi; Enrico Crasso, durante años financiero de referencia de la Secretaría de Estado; la exasesora del cardenal Cecilia Marogna, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.