El Comité de Ministros ha decidido enviar el "caso Kavala" al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si "ha incumplido su obligación de ejecutar la sentencia" de 2019, informó la organización en un comunicado.
Con esta resolución adoptada ayer, el Comité de Ministros, órgano de decisión de la organización, aplica el artículo 46.4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para cuando un país ha incumplido su obligación de ejecutar un fallo.
En ese artículo se establece que los Estados miembros "se comprometen a acatar las sentencias definitivas del tribunal en los litigios en que sean partes".
En la resolución adoptada el miércoles, el Consejo de Europa insiste en que "Turquía se niega a cumplir la sentencia" de diciembre de 2019 en que los jueces europeos consideraban que el arresto del que se conoce en su país como "el multimillonario rojo" por su implicación en iniciativas sociales y culturales en defensa de los derechos humanos a menudo como mecenas, se había producido sin elementos acusatorios suficientes.
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Además, la sentencia señaló que la orden de prisión provisional "tuvo como objetivo silenciarlo y disuadir a otros defensores de derechos humanos".
El artículo 8 del Estatuto del Consejo de Europa prevé que el Comité de Ministros puede dejar en suspenso el derecho de representación de un Estado miembro e invitarle a retirarse de la organización.
Es la segunda vez que la organización abre un procedimiento de infracción contra uno de sus miembros.
Se hizo en 2017 contra Azerbaiyán ante el rechazo de poner en libertad al disidente Ilegar Mammadov, tal como exigió una sentencia del TEDH.
En el asunto actual sobre Turquía, el pasado 2 de diciembre, el Comité de Ministros, que supervisa la ejecución de sentencias, recordó a Ankara que había ocho decisiones precedentes y una resolución por el incumplimiento de la sentencia Kavala.
Los ministros pedían entonces a las autoridades turcas que "la liberación inmediata" del activista y "garantizar que el proceso penal se cierre sin demora".
Turquía replica, en los comentarios enviados al Comité de Ministros, que Kavala tiene otro proceso judicial basado en un cargo diferente al que examinó el Tribunal de Estrasburgo, por lo que a su parecer no se puede considerar que se niegue a acatar la sentencia.
Osman Kavala fue acusado de intentar derrocar al Gobierno turco financiando las protestas populares del parque Gezi en 2013.
Tras su absolución, fue acusado de tener vínculos con el fallido golpe de Estado de 2016 y luego de espionaje.