Acevedo insistió en el reclamo formulado por su país durante un encuentro con el embajador de Uruguay en Asunción, Fernando Sandin Tusso, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
El Gobierno paraguayo acusa a Arrom, Martí y Colmán de haber participado a finales de 2001 en el secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, y de ser dirigentes del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.
El jefe de la diplomacia paraguaya señaló que aguardan una "decisión favorable" de un recurso apelación interpuesto ante la Justicia uruguaya, así como de los pedidos de revocación y anulación presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, del que depende la Comisión de Refugiados de Uruguay.
En noviembre pasado, Asunción manifestó su sorpresa y estableció una protesta ante la embajada de Uruguay luego de que en ese país se decidiera mantener la calidad de refugiados a estos tres ciudadanos.
Luego de que Uruguay les diera refugio en 2019, los acusados consiguieron asilo en Finlandia, donde viven actualmente, gracias a las gestiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En enero pasado, Martí, uno de los fundadores del partido comunista paraguayo Patria Libre (PPL), denunció a Efe en la primera entrevista que concede en 18 años que en Paraguay "no hay democracia ni Estado de derecho".
Martí niega tajantemente las acusaciones en su contra y las considera un montaje del Gobierno paraguayo para criminalizar y estigmatizar la lucha de los movimientos de izquierda por la democracia en su país.
El 17 de enero de 2002, Martí y Arrom fueron secuestrados y torturados por unos desconocidos que querían obligarles a confesar su participación en el secuestro de Bordón e incriminar a empresarios y a otros miembros del PPL.
El Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo rechazó "categóricamente" las declaraciones de Martí "por considerarlas infundadas, injuriosas y desacertadas" y señaló que no se ajustan a la verdad y van en contra de decisiones adoptadas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, anunció que elevaría una protesta ante Finlandia y que ampliaría su solicitud de cancelación del estatus de refugiado de los tres ciudadanos. Ese mismo procedimiento seguiría ante Uruguay, agregó el comunicado dado a conocer en enero por la cancillería paraguaya.