El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó hoy la legalidad de una normativa que permite a la Comisión Europea congelar el pago de ayudas (incluidas las previstas en el fondo de recuperación) si detecta vulneraciones del Estado de derecho que afecten a los intereses financieros de la UE.
Hungría y Polonia plantearon sendos recursos contra el mecanismo por entender que estaba dirigido específicamente contra ellos, carecía de base jurídica adecuada e interfería en competencias de los Estados miembros.
Ambos países tienen desde hace años enfrentamientos con la Comisión Europea a cuenta del respeto al Estado de Derecho, entre otras cuestiones.
"La decisión del tribunal nos da motivos para esperar que la corrupción sistemática y la demolición de los controles y equilibrios democráticos lleguen a su fin en Hungría", indicó Miklós Ligeti, el director legal de Transparencia Internacional en Hungría.
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Transparencia Internacional es una ONG especializada en denunciar la corrupción y ha criticado en numerosas ocasiones al Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán.
Amnistía Internacional, especializada en defensa de derechos humanos, aseguró que el nuevo mecanismo "debe utilizarse para proteger los derechos de las personas en los Estados miembros de la UE".
Según esta organización, Hungría y Polonia han mostrado una deriva preocupante en cuestión de libertad de prensa, independencia de los jueces y otros principios fundamentales del Estado de derecho.
"En vez de oponerse a que los fondos de la UE se condicionen al respeto del Estado de derecho, deberían respetar los derechos de las personas", reclama Amnistía.
La ministra húngara de Justicia, Judit Varga, calificó la sentencia como "un abuso de poder" de las instituciones europeas y consideró que era una decisión política.
"La decisión demuestra que Bruselas abusa de su poder. El fallo es una nueva presión contra nuestra patria, que en verano aprobó una ley de defensa de los menores", aseguró Varga en un mensaje al referirse a una normativa que equipara la homosexualidad con la pedofilia y que fue duramente criticada por la UE.