A raíz de esa decisión, Cerrón, que ya fue condenado por corrupción cuando fue gobernador regional de Junín, deberá pagar una caución de 5.000 soles (1.350 dólares) y tendrá prohibido comunicarse con los testigos e investigados en el mismo caso, pues concurrirá al proceso bajo la medida cautelar denominada "comparecencia con restricciones".
El fundador de Perú Libre, partido izquierdista que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia de la República, fue vinculado por el testigo Eddy Villarroel con las fuerzas remanentes de la banda armada Sendero Luminoso, que se encuentran dispersas en el selvático Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Según ese testimonio, el copartidario de Cerrón y actual congresista Guido Bellido, así como el legislador Guillermo Bermejo del partido Perú Democrático visitaron al cabecilla senderista conocido como el "camarada José" en los campamentos de este grupo en el VRAEM.
Además, el mismo Cerrón hizo contacto con ese cabecilla, a través de un allegado suyo, Alex Pimentel, indicó el testimonio de Villarroel.
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La fiscal Eneida Aguilar sostiene que en septiembre de 2021 Bellido, Cerrón y Bermejo "habrían realizado actos de obstrucción" a la investigación, al presuntamente haberse contactado con el testigo mediante un abogado para evitar que este declarara, "ofreciéndole apoyo logístico, dinero, asilo político y protección para su familia".
En el caso de Bermejo y el ex primer ministro Bellido, la jueza ordenó la comparecencia simple (concurrir todas las veces que sean citados) durante el tiempo que duren las investigaciones en su contra por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de afiliación al terrorismo.
Asimismo, la magistrada rechazó el pedido de la fiscal Eneida Aguilar para dictar 18 meses de prisión preventiva contra la expersonera legal de Perú Libre Ana María Córdoba y para los militantes Jhon Benítez, Néstor Viera, Jaime Lobatón y Francisco Jara, quienes también recibieron la medida cautelar de comparecencia con restricciones mientras son investigados por el presunto delito de obstrucción a la investigación por terrorismo.
Sin embargo, la fiscal indicó que apelará la decisión sobre estos investigados debido a que ellos "presuntamente entregaron un monto de dinero" al testigo para evitar su declaración a la justicia.