La polémica reforma energética busca dar el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.
"Con esta reforma, la energía eléctrica dejaría de ser una simple mercancía para convertirse en un servicio público para las y los mexicanos", dijo el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
POSTURAS ENCONTRADAS
En el largo debate, entre insultos, recesos, consignas y el llamado de la oposición de votar en contra de la reforma, los legisladores fijaron sus posturas en torno a la modificación de los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución y se estima que el debate prosiga durante la madrugada.
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Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido de Trabajo, aliado de Morena, recordó que la reforma abonará “a la soberanía nacional en materia eléctrica” y afirmó que es falso que con ella se espante a la inversión privada.
Afirmó que en la iniciativa se incluyeron nueve de los 12 puntos que propuso la oposición en su contrapropuesta.
El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que no permitirían que se consumará “un acto de traición a la patria” y criticó que con la reforma se incrementarían más del 27 % las tarifas.
Asimismo, dijo que la no aprobación de la reforma será “la derrota más grande” de Morena.
Al exponer en tribuna la posición del PAN, el diputado Jorge Romero Herrera, enfatizó que no están de acuerdo que exista el “hiperempoderamiento” de la CFE ya que consideran que es necesaria la concurrencia del sector público y privado.
Y aseguró que no protegen intereses de empresas transnacionales y recordó que en su propuesta está la creación de una Comisión Nacional de Redes Eléctricas y establecer tarifas bajas para quienes más lo necesiten.
Al exponer los posicionamientos de sus grupos parlamentarios, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su preocupación por la reforma.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de MC, señaló que están en contra de la reforma “porque daña a México”.
A su vez, Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, señaló que el dictamen no garantiza precios bajos en energías.
EN VILO
La polémica reforma constitucional en el sector eléctrico busca ser aprobada luego de que el pasado lunes las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, para que ello ocurra se requieren dos terceras partes de las cámaras y Morena no tiene mayoría calificada, por lo que necesitaba pactar con la oposición, sin embargo, desde un principio los opositores manifestaron su rechazo a la reforma.
Ante el probable escenario de que la iniciativa no sea aprobada el presidente López Obrador afirmó que su gobierno está “blindado contra la traición”.
“Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar”, expresó este domingo el mandatario en su cuenta oficial de Twitter mientras los legisladores continuaban con la discusión de la iniciativa que se prolonga durante varias horas.
Mientras que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) informó que el mandatario ya envió la iniciativa para reformar la Ley Minera y mantener la explotación del litio bajo exclusividad del Estado.
LA REFORMA EN DISPUTA
La iniciativa de reforma constitucional busca anular el modelo energético que se diseñó en el 2013 la cual, según el Gobierno actual, con productores independientes, con autoabastecimiento y con subastas, el 62 % de los generadores son privados y el 38 % restante de la electricidad es generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No obstante, la oposición ha criticado que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad en el país.
En tanto, el sector privado nacional y extranjero ha expresado su preocupación pues argumentan que la ley perjudica la competencia y ahuyentaría la inversión extranjera en el país.