En particular, la nueva normativa plantea una gama más amplia de delitos, incluido por ejemplo el comercio ilegal de madera o el reciclaje ilegal de barcos.
El ministro francés de Justicia, Éric Dupont-Moretti, cuyo país preside la UE este semestre, dijo en rueda de prensa al término de la reunión que existe un acuerdo sobre la definición de los delitos y que aunque hoy se habló de las sanciones a personas físicas y jurídicas que incurran en esos delitos, ese punto deberá seguir debatiéndose a nivel europeo en el próximo semestre, bajo presidencia checa.
El comisario europeo, Didier Reynders, subrayó por su parte que existe una enorme "divergencia" en las sanciones que aplican los países a los responsables de delitos contra el medioambiente y que esas penalizaciones "por lo general son bajas para ser disuadorias".
"Es importante que la UE se ponga de acuerdo, hay que aplicar umbrales de sanciones elevadas", dijo Reynders y mencionó en particular la necesidad de tener en cuenta el volumen de negocios de las empresas para fijar esas sanciones.
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El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, dijo durante el debate de los ministros que España "está a favor de armonizar el mínimo del máximo de pena imponible en casos de negligencia grave", algo que consideró necesario para incrementar el carácter disuasorio.
También España es favorable a armonizar las sanciones a las personas jurídicas, dijo el secretario de Justicia, aunque explicó que el país no tiene en su Código Penal un modo concreto de cálculo de la multa basado en el volumen de negocios de las empresas y que ese punto "genera serias dudas en términos de previsibilidad de la pena, ya que no se establecen los límites precisos que puedan ser conocidos previamente por el infractor".