En una decisión basada en un informe de la secretaria general de la organización, Marija Pejcinovic, el Comité de Ministros subrayó que desde la ocupación de Crimea en 2014 “la situación de los derechos humanos ha empeorado considerablemente”.

El órgano de decisión de la organización paneuropea, donde se sientan los ministros de Exteriores de los 46 estados miembros reafirmó en un comunicado que "no reconoce la anexión ilegal de la República autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol por Rusia".

"Las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario -insistió- no han sido investigadas con prontitud y eficacia".

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Los ministros se quejaron de que se haya impedido a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa visitar la región.

Reiteraron su condena a "la agresión armada no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania", que ha causado miles de víctimas civiles y millones de desplazados.

E hicieron un llamamiento a las autoridades rusas para que retiren sus fuerzas militares del territorio ucraniano y participen en un diálogo de paz que restaure la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

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Rusia fue expulsada del Consejo de Europa el pasado 26 de marzo, cinco semanas después del inicio de la invasión, aunque seguirá sujeta al Convenio Europeo de Derechos Humanos hasta mediados de septiembre.

En su informe, Pejcinovic señala que las violaciones de derechos humanos en la península se centran en la población de origen ucraniano, que "lucha por mantener su identidad, lengua y cultura", y también en los tártaros de Crimea, "afectados de modo desproporcionado".

Denuncia que "se han introducido rusos en masa en Crimea", se han producido desplazamientos forzados, reclutamientos y traslados de presos que "pueden constituir violaciones de derechos humanos, pero también del derecho internacional humanitario".

Lamenta la secretaria general la existencia de una cultura de la impunidad que favorece a los rusos, y echa en cara a Moscú la “utilización abusiva de la legislación contra el extremismo para asfixiar a la disidencia”, así como las restricciones y la inseguridad que padecen los periodistas no leales.