El Ministerio de Exteriores, controlado por los militares que dieron un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, pidió que se "respete la soberanía" del país y que otras naciones no interfieran en sus "asuntos internos", en un comunicado publicado por el oficialista diario The Global New Light of Myanmar.
La junta mantiene que los cuatro ejecutados, entre ellos el antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy, eran culpables de cometer y organizar "actos terroristas" que causaron la muerte de civiles.
El régimen argumenta que los cuatro opositores, vinculados al movimiento de resistencia contra el mando militar, fueron procesados conforme a la ley y su ejecución, anunciada el lunes, vela por "mantener el estado de derecho, la paz y la estabilidad" de Birmania
La respuesta de la junta birmana, cuyo sublevamiento se enfrenta a un fuerte rechazo de la población y ha sumido en el caos el país, viene precedida por los múltiples comunicados de condena contra la aplicación de la pena de muerte, por primera vez desde 1988.
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Estados Unidos consideró estas ejecuciones como una afrenta contra la democracia, mientras la Unión Europea las calificó de "una nueva violación flagrante de los derechos humanos" y el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo "marca un mayor deterioro en el pésimo estado de los derechos humanos en Birmania".
El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Desde la sublevación militar, la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos contabiliza 117 condenas a muerte contra prisioneros de conciencia.