La cartera detalló en un comunicado que el consorcio Chinchero, encargado del movimiento de tierras, finalizó los trabajos de corte y relleno en cinco sectores de este nuevo aeropuerto, que demandará una inversión de 611 millones de dólares y será la puerta de ingreso a Machu Picchu, la principal atracción turística del país.
Estas áreas, que suman una extensión de cerca de 265 hectáreas, serán trasladadas ahora al contratista de Obras Principales para iniciar la ejecución de la infraestructura aeroportuaria.
A principios de enero pasado, el consorcio entregó al Ejecutivo dos sectores de una extensión aproximada de 36 hectáreas, donde se edificarán la torre de control y el terminal aéreo, que tendrá 40.000 metros cuadrados, 11 puertas de embarque y 13 mangas.
Aquel mes, el Ministerio estimó que a partir de noviembre empezarían las obras para la construcción de la pista de aterrizaje, que estará a una altitud de 3.728 metros sobre el nivel del mar y tendrá 4 kilómetros de largo y 45 metros de ancho.
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Además, indicó que la ejecución del nuevo aeropuerto, ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cusco, generará más de 5.000 empleos directos, beneficiando así a más de un millón de personas dedicadas al turismo, transporte, alimentación y hotelería.
Esta nueva terminal, que podrá recibir hasta 5,7 millones de pasajeros por año, se lee como una oportunidad para ampliar la capacidad aérea y reactivar la economía de la región andina de Cusco, que vive casi exclusivamente del turismo.
Asimismo, se espera que Chinchero impulse y consolide nuevas rutas internacionales directas a Cusco desde Bogotá, Buenos Aires, Panamá y Sao Paulo, entre otros importantes puntos de conexión internacional.
La concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero se entregó en 2014 al consorcio Kuntur Wasi, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding.
Pero en julio del 2017 el Gobierno peruano decidió romper ese contrato ante el retraso del inicio de las obras en medio de una polémica sobre supuestas irregularidades en la concesión y anunció que asumiría la construcción, bajo una modalidad Estado a Estado, cuyo contrato suscribió en 2019 con Corea del Sur.