El informe detalló que, del total de conflictos reportados en julio, 131 fueron de carácter ambiental (63 %), mientras que 22 estaban relacionados con asuntos comunales (10,6 %), 15 con el gobierno nacional (7,2 %) y 14 con gobiernos regionales (6,7 %).
En menor medida, 9 estuvieron vinculados con asuntos de gobiernos locales (4,3 %), 6 fueron de tipo laboral (2,9 %) y 4 de demarcación territorial (1,9 %).
La región que concentró el mayor número de conflictos sociales fue la selvática de Loreto, con 28 casos, seguida de la andina de Cusco, con 18 casos, y la de Apurímac, con 17.
En julio surgieron tres nuevos conflictos, dos de ellos de carácter ambiental, en las regiones de Puno y Apurímac, y otro por asuntos relacionados con el gobierno local, en Huánuco.
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En concreto, las comunidades de Cangalli Achatuyo y Parcialidad de Apecheta (Puno) exigen la reubicación de un proyecto de gestión de residuos sólidos y el cierre inmediato del botadero municipal.
En la sureña región de Apurímac, vecinos de la comunidad campesina de Carmen Alto solicitan a la empresa minera Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial, la revisión y cumplimiento de los compromisos sociales asumidos a favor de la comunidad, entre ellos la mitigación de los impactos ambientales y la instalación de una mesa de diálogo para la devolución de territorios comunales.
Asimismo, en Huánuco, los ciudadanos reclaman al alcalde distrital de Umari que realice la rendición de cuentas de su gestión municipal, entre otras demandas.
El reporte, elaborado a través del Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco) de la Defensoría, no registró personas heridas ni fallecidas por conflictos sociales, pero reflejó que en julio acontecieron 274 acciones colectivas de protesta, 44 más que el mes anterior.