"El período legal de la detención preventiva" de Aziz expiró la medianoche pasada y el hombre sigue detenido, declararon los abogados en un comunicado.
Subrayaron que esta detención "ilegal" representa "una grave violación de la Constitución, las leyes nacionales y los tratados y convenios internacionales".
Para ellos, esta situación confirma el carácter "político" del proceso, y que su gestión está alejada de los textos legales.
La Fiscalía mauritana había pedido, a finales del pasado mes de mayo, la puesta a disposición judicial del expresidente y una decena de sus antiguos colaboradores y familiares, y todavía no se ha fijado fecha para un posible juicio.
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La investigación judicial de Aziz comenzó en diciembre de 2019 después de la formación de una comisión parlamentaria que fue encargada de investigar los delitos económicos cometidos entre 2008 y 2019, período que corresponde a su mandato presidencial.
Es la primera vez en la historia de Mauritania que un jefe de Estado ha sido objeto de una investigación policial y judicial por supuestos delitos económicos.