Esto, aseguraron, lo decidió la familia, después de 10 años de impunidad y ante un panorama en el que no hay ninguna persona en la cárcel por el asesinato.
"Acudir a la Comisión Interamericana ha sido una decisión como familia. Hemos estado con autoridades de todos los niveles de Gobierno y hemos encontrado la impunidad como una huella que marca el país. Quienes son víctimas no tienen acceso a la Justicia", dijo en una conferencia de prensa Omar Esparza, viudo de Betty Cariño.
Cariño y Jaakkola eran defensores de derechos humanos y activistas que fueron asesinados el 27 de abril de 2010 en el marco de la Caravana humanitaria y de observación de derechos humanos en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca.
Por la visita de las eurodiputadas las familias se reunieron con diversas autoridades e hicieron un repaso del caso, dándose de bruces con la impunidad, que ronda el 96 % en crímenes relacionados con periodistas y defensores de derechos humanos.
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"Soy una madre cuyo hijo ha sido asesinado en México, pero he comprendido que no es el único. He llegado a entender el significado de la palabra impunidad, palabra que desconocía", compartió Eeva-Leena Jaakkola, madre de Jyri Jaakkola.
Eeva-Leena dijo también que en estas reuniones vieron que hay voluntad por parte de las autoridades, pero que el caso permanece impune, por lo que no les queda más remedio que acudir a la CIDH.
"Esperamos que haya apoyo desde el Gobierno, las familias están sufriendo mucho no tener Justicia, no hay un cierre de su dolor, no hay forma de manejar esto y creo que es muy importante que avancemos a nivel internacional", dijo la eurodiputada Keller.
Esta es la décimo primera visita de eurodiputados a México en relación al caso. Ahora, tras una reunión, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dio a las familias la posibilidad de ofrecer disculpas públicas.
A él y a otros funcionarios las familias les explicaron su decisión de acudir a la CIDH. Esto se debe a la inacción de las autoridades y a la ausencia de detenidos, pues a pesar de haberse emitido 14 órdenes de aprensión, solamente se cumplieron siete y todos ellos están actualmente en libertad.
Asimismo, el grupo armado que se señala como responsable amenazó a varios testigos e incluso a Esparza, además, está vincuLado con el Partido de Unidad Popular (PUP), que apoyó al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones estatales realizadas el pasado junio, de las que salió ganador Salomón Jara.
Ante una situación en la que no ven avances, las familias decidieron que los eurodiputados lleven el caso a la CIDH.