Un grupo de personas llegaron a la sede del Congreso, en San Salvador, para entregar un documento con fotografías de 42 casos de personas que han sido reportadas como desaparecidas de las que no se sabe, a la fecha, su paradero.
De acuerdo con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el caso más antiguo presentado en el documento es de agosto de 2007 y el más reciente es de septiembre del año en curso.
Junto al documento fue entregada una carta en la que los familiares piden la creación de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que se establezca una comisión que evalúe en qué medida las instituciones salvadoreñas correspondientes están atendiendo adecuadamente los casos.
Además, solicitan que se ratifiquen las convenciones Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
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Los documentos fueron recibidos por los diputados de la oposición Johnny Wright, Claudia Ortiz y Jaime Guevara.
Henri Fino, director de Fespad, dijo a periodistas que actualmente "hay una inactividad permanente del Estado" y que es necesario que el Estado salvadoreño ratifique "algunas" convenciones internacionales a fin de "garantizar, ser efectivo y eficiente la tarea de búsqueda".
"Los familiares de las víctimas no tienen cerrado el circulo de duelo, porque no han encontrado a su familiar y es obligación del Estado y el Gobierno de El Salvador buscar y encontrar a estos desaparecidos y responsabilizar a aquellos que han participado, porque está situación no puede quedar impune", apuntó.
Fino agregó que "día a día, seguramente, desaparecen personas en este país, y el Gobierno y el Estado de El Salvador pasan inadvertida esta situación que es tan grave".
Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registran al menos 577 personas desaparecidas a causa de la violencia social en los primeros cinco meses de 2022.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el año pasado a El Salvador a adoptar medidas "preventivas" ante las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un "considerable aumento".