Entre esos crímenes figuran la omisión del auxilio médico a los heridos, torturas y expulsiones colectivas, según un informe presentado este martes en Madrid por AI en rueda de prensa.
El Gobierno español "parece que ha tratado de encubrir los hechos": no ha iniciado una investigación de oficio, colabora "a regañadientes" con la Fiscalía, "ha exonerado" a las fuerzas de seguridad y ha mentido, dijo el director de la organización en España, Esteban Beltrán, en la presentación del documento.
Por el contrario, el Ministerio español del Interior mostró su "más firme repulsa" por las acusaciones "sin pruebas" realizadas por AI.
"Lamentamos que se realicen acusaciones contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin pruebas, apoyándose solo en testimonios de parte sin contrastar", afirmaron fuentes ministeriales.
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A su vez, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, resaltó la "absoluta transparencia" del Gobierno en este asunto y su presencia en la investigación de los hechos, así como "confianza en la Justicia".
El informe de AI, elaborado con declaraciones de testigos y supervivientes, así como imágenes y otros indicios examinados desde ese día y hasta octubre, denuncia un "uso generalizado de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas", incluso después de que los migrantes estuvieran bajo control policial.
Concluye que, tanto los agentes marroquíes como españoles, usaron porras, pelotas de goma y de forma reiterada gas lacrimógeno, además de propinar golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas "en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar".
LA PRIORIDAD FUE EL TRASLADO DE CADÁVERES, NO LOS HERIDOS
Junto a esta fuerza "ilegítima", denuncia que ni la policía marroquí ni la española garantizaron la atención médica de emergencia a los heridos, que quedaron "a pleno sol durante ocho horas sin que se les prestaran primeros auxilios básicos".
Marruecos "priorizó" el traslado de cadáveres y su personal médico no ayudó a los heridos hasta casi dos horas después de reprimir el salto, en tanto que la policía española no permitió el acceso de la Cruz Roja ni durante el intento de entrar ni después.
"Las autoridades españolas no ayudaron en modo alguno a las personas heridas que quedaron en el suelo en territorio español una vez concluida la operación policial, por lo que violaron sus derechos de múltiples formas, incluido su derecho a atención médica rápida y adecuada, y a no sufrir tortura y otros malos tratos", insiste AI.
AL MENOS 77 DESAPARECIDOS Y EXPULSIONES COLECTIVAS FORZOSAS
Amnistía pone el foco también en las denuncias de familiares y amigos de 77 personas de las que no sabe nada desde el 24 de junio, sin que las autoridades marroquíes hayan investigado e, incluso, hayan negado a la ONG buscar a estos migrantes o examinar cadáveres, asegura la organización de derechos humanos.
Según el informe, las autoridades de ambos países mostraron "un desprecio absoluto" al derecho internacional, al practicar "expulsiones colectivas" de al menos 470 personas.
NI MARRUECOS NI ESPAÑA RINDEN CUENTAS DE LA TRAGEDIA, DICE AI
Seis meses después, resulta "evidente" para Amnistía que la transparencia y la rendición de cuentas están "radicalmente ausentes": ni un solo funcionario, marroquí o español, ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos humanos que provocaron "la muerte, la desaparición y las lesiones causadas a tantas personas".