El texto presiona a la UE, en cooperación con Ucrania y la comunidad internacional, para impulsar la creación de un tribunal internacional especial para llevar a juicio a “los líderes políticos y militares de Rusia y sus aliados”, dada la importancia de “una acción internacional coordinada” para perseguir los crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania.
"Con beneplácito" acogió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la adopción de esta resolución e hizo un llamamiento a todos sus socios para que apoyen la creación de ese tribunal.
"Rusia debe rendir cuentas por su guerra de agresión y debe prevalecer la justicia", subrayó en su cuenta oficial en Twitter.
Pero el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), dificulta la posibilidad de juzgar a Rusia por el crimen de agresión, puesto que requiere que ambos países sean miembros del tribunal.
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Aunque Kiev haya reconocido de forma parcial la jurisdicción de la CPI para juzgar los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en el país desde 2013 (la anexión rusa de Crimea), ni Ucrania ni Rusia han ratificado el Estatuto de Roma, ni son miembros de la CPI.
Ese tribunal, dicen, “llenaría un vacío en la justicia penal internacional y complementaría los esfuerzos de investigación de la CPI”, añaden.
El Parlamento enfatiza que ese tribunal debe tener jurisdicción para investigar no solo al liderazgo político y militar que rodea en Rusia al presidente Vladimir Putin, sino “también a Aleksandr Lukashenko y sus aliados en Bielorrusia”.
Los eurodiputados urgen a “comenzar de inmediato” el trabajo preparatorio de la UE para establecer ese tribunal especial porque esto “enviaría una señal muy clara tanto a la sociedad rusa como a la comunidad internacional de que el presidente Putin y los líderes rusos en general pueden ser condenados por el crimen de agresión en Ucrania”.
Sin embargo, Karim Khan, el fiscal de la CPI, no está de acuerdo con la idea de crear este tribunal especial e instó ya a “evitar la fragmentación” y la “sobredocumentación” y “optar por la consolidación”, y recordó que el Estatuto tiene ya disposiciones para juzgar el crimen de agresión, el más complicado de los cuatro crímenes jurisdicción de este tribunal, junto al de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Pidió no descartar que los Estados “pueden buscar formas de abordar las brechas que se dice que existen” en el Estatuto, pero no cree conveniente la creación de otro tribunal especial, dado que podría solaparse con el de la CPI, y quitaría recursos que podrían ir a su oficina para apoyar la investigación que ya está en marcha sobre la situación en Ucrania.
La CPI sólo podría juzgar el crimen de agresión a Ucrania con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU (donde Moscú tendría derecho a veto) o si Rusia ratifica el Estatuto de Roma (un tratado del que retiró su firma en 2016 después de que este tribunal usara el término “ocupación” para referirse a la adhesión de Crimea).
Dando por hecho que ambos escenarios son improbables, la Comisión Europea propuso dos vías alternativas: un tribunal internacional especial e independiente basado en un tratado multilateral o un tribunal híbrido especializado integrado en un sistema de justicia nacional con jueces internacionales.