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En total son 10 inmuebles, 20 vehículos y 12 lanchas los incautados, indicó la fuente que señaló que el monto de los bienes asciende a más de 600.000 dólares.
"De esta forma se inicia el proceso de extinción para que los bienes pasen a manos del Estado, por considerarse que han sido utilizados para el transporte de droga", apuntó sin especificar a quién o quiénes pertenecían los bienes.
De acuerdo con una fiscal, cuyo nombre no fue proporcionado por seguridad, los inmuebles que ahora pasarán al Estado están ubicados en las orientales localidades de San Miguel, Conchagua y La Unión.
El informe de 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) señala que el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe contribuye a aumentar el ya muy elevado nivel de violencia en la región por la pugna competitiva entre los grupos criminales.
La JIFE insiste en que "las pandillas locales y los grupos delictivos internacionales siguen explotando" la región de Centroamérica y el Caribe "como zona de tránsito y ruta de reexpedición de las drogas procedentes de América del Sur y destinadas a los mercados de consumo de América del Norte y Europa".