A través de una resolución, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a Benavides y a su núcleo familiar al considerar que se encuentran "en una situación de gravedad y urgencia".
La comisión informó en un comunicado de que, al momento de valorar la solicitud que presentó el Ministerio Público en septiembre de 2021, se tomaron en cuenta las actividades "notorias y de alto interés público" que ejerce la fiscal, quien en ese momento investigaba al entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos casos de corrupción.
El organismo destacó también "el contexto actual por el que viene atravesando el país", donde las protestas antigubernamentales han causado la muerte de 69 personas desde diciembre, según diversas fuentes.
"Se consideró que Liz Patricia Benavides Vargas y su núcleo familiar se encuentran en riesgo debido al actual contexto de crisis institucional y por las investigaciones que lleva a cabo como autoridad al frente de la fiscalía General de la Nación", enfatizó la comisión.
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La CIDH valoró que el Estado peruano esté brindando protección material a Benavides, y que incluso haya aumentado el equipo de personas que integran su esquema de seguridad, pero aseguró que "dada la situación planteada se estima que este no sería suficiente y su incremento habría sido denegado".
Por ese motivo, solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la fiscal y su familia.
Además, pidió que se implementen las medidas y que se informe sobre las acciones adelantadas para investigar los "presuntos hechos" que dieron lugar a la resolución mediante la cual la CIDH le otorga medidas cautelares de protección a la fiscal, y así "evitar su repetición".