A la llamada del sindicato nacional de periodistas un centenar de personas se manifestaron frente a la sede del Gobierno en defensa de la libertad de prensa y para exigir la liberación del director de la radio Mosaïque FM, Noureddine Boutar, detenido este lunes por "blanqueo de capital" aunque durante su interrogatorio fue cuestionado sobre la línea editorial, declaró el propio medio en un comunicado.
Al grito de "somos periodistas y no terroristas", los manifestantes respondieron a las acusaciones del presidente Kais Said, que justificó la decena de arrestos llevados a cabo desde el pasado sábado por un supuesto caso de "complot contra la seguridad del Estado".
En declaraciones a Efe, el presidente del sindicato, Mohamed Yassine Jelassi, alertó sobre las campañas de acoso y el discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación a través de las redes sociales y aseguró que la detención de Boutar "envía un mensaje muy claro: los medios independientes que no apoyen al poder serán castigados".
Una de las principales herramientas de presión, señaló Jellasi, es el decreto 54, decretado unilateralmente por el mandatario y que prevé penas de hasta cinco años de cárcel a quienes utilicen produzcan o difundan noticias "falsas" o rumores, una pena que puede doblarse si los afectados son funcionarios públicos.
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A pocos metros de allí, decenas de militantes del partido islamista Ennahda- principal fuerza del ahora disuelto Parlamento y miembro de la oposición- se concentraron frente al Ministerio de Justicia para condenar el encarcelamiento de varios de sus dirigentes.
Entre ellos figura su vicepresidente y exministro de Justicia, Noureddine Bhiri; y un antiguo alto cargo, Abdelhamid Jelassi, ambos arrestados después de que las fuerzas de seguridad registraran sus respectivos domicilios sin informarles de los cargos que se les imputan, según informó la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
"Los tanques cerraron la Asamblea y ahora los tanques nos acallaran si no nos resistimos contra un régimen que intenta bloquear la democracia, vamos directos a una debacle peligrosa", aseguró a Efe la exdiputada de la formación conservadora, Yamina Zoghlami.
Desde que el presidente se hiciera con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social", la Justicia civil y militar ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión.