"Llamamos a la fiscal de la Nación a corregir este despropósito (...) pedimos que se investigue en el lugar de los hechos y que no se estén trasladando a la ciudad de Lima, lo cual nos perjudica", sostuvo en una conferencia Raúl Samillán, hermano de un joven médico internista fallecido el 9 de enero pasado en Juliaca.
En esta ciudad de la región de Puno, a unos 1.400 kilómetros al sur de la capital, murieron 18 personas en los enfrentamientos directos con las fuerzas del orden el 9 de enero.
Para el hermano del médico, quien preside la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, la creación de un equipo especial de fiscales que se encargará exclusivamente de investigar los delitos y las vulneraciones a los derechos humanos cometidos en la represión de las protestas es otro "acto dilatorio" del Ministerio Público que, además, no ha sido consultado a los afectados.
"Estamos esperando justicia y estamos muy molestos porque se está cambiando de fiscal a cada rato, así quieren hacer pasar el tiempo (...) No queremos que la fiscal traslade los hechos en Lima, queremos que se investigue en el lugar de los hechos", coincidió Lady Quispe, hermana de un herido de gravedad en Puno.
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"EQUIPO INEXPERTO"
La creación de este equipo especial de fiscales se formalizó este lunes a través de una resolución publicada en el diario oficial El Peruano y se presentó el martes en una conferencia donde Benavides afirmó que la meta central es dar celeridad a las investigaciones y garantizar un enfoque de derechos humanos.
Asimismo, la titular de la Fiscalía enfatizó que "uno de los objetivos de este equipo no es que los ciudadanos vayan al Ministerio Público, sino que el Ministerio Público se acerque a ellos".
Sin embargo, a los ojos de los familiares de las víctimas y sus abogados, esta decisión vulnera uno de los derechos fundamentales, el de la accesibilidad a la justicia, e indica que "hay una voluntad de que no avancen las investigaciones", así como una intención de "ser funcionales con el discurso político".
Así lo denunció durante la conferencia el letrado Carlos Rivera, tras criticar que los diez fiscales que conforman este equipo especial, que calificó de "inexperto", solo uno tiene experiencia en investigaciones de derechos humanos, pues el resto "son fiscales de delitos comunes".
FISCALÍAS DE DERECHOS HUMANOS
"Exigimos poner fin al manoseo político de los casos, tratar estos casos con seriedad y a las víctimas con respeto (...) Estamos en una situación de incertidumbre permanente y exigimos a la fiscal de la Nación reconsiderar su decisión. Los casos deben quedarse allí donde hay fiscalías de derechos humanos", apostilló Mar Pérez, vocera de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).
Los familiares de las víctimas insistieron en su solicitud al Ministerio Público de mantener las carpetas fiscales en las jurisdicciones regionales y reforzar las fiscalías de derechos humanos.
"Merecemos respeto, tenemos derecho a conocer las verdades de los crímenes ocurridos", concluyó Ruth Bárcena, cuyo esposo fue una de las 77 personas que perdieron la vida en las protestas entre diciembre y marzo pasados.