El Ministerio Público informó en Twitter que abrió una investigación preliminar contra Cordero Jon-Tay "como presunta autora del delito de concusión", que contempla una pena de 2 a 8 años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.
La investigación de este caso también incluye al técnico de archivos del Congreso Braden Paredes Calla, como presunto cómplice del mismo delito.
La Fiscalía también abrió este viernes una investigación preliminar por el mismo delito contra la congresista conservadora Heidy Juárez por hacer cobros irregulares a sus trabajadores, un caso similar al de otras tres parlamentarias que están siendo investigadas.
En esta investigación también se incluyó a Miguel Ángel Chafloque, asesor principal de Juárez, como presunto cómplice.
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El semanario Hildebrandt en sus trece reveló en marzo pasado que cuatro trabajadores acusaron a Juárez, del partido derechista Podemos Perú y presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, de exigirles pagos a través de su asesor.
Cordero Jon-Tay y Juárez se sumaron a las legisladoras Rosío Torres, Katy Ugarte y Magaly Ruiz quienes también están acusadas de haber recortado los sueldos a los trabajadores de sus respectivos despachos.
El caso de Torres, del partido conservador Alianza Para el Progreso (APP), fue divulgado el pasado 2 de abril por la cadena local Latina, que denunció que obligó al menos a cinco trabajadores o extrabajadores que colaboraban con ella en función parlamentaria a transferir parte de su sueldo a un pariente suyo.
La Fiscalía anunció el lunes, además, el inicio de otra investigación preliminar contra la congresista izquierdista Katy Ugarte, denunciada este fin de semana por el programa "Cuarto Poder" por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.
El caso de Ruiz, también de APP, también lo desveló "Punto Final" con el testimonio de un extrabajador del Congreso que denunció que le cobraba por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria.
Estos casos también están siendo investigados por la Comisión de Ética del Congreso, que determinará si proceden sanciones por faltas éticas a la función legislativa.